Reforma constitucional sobre comunidades autónomas

EL GOBIERNO, el 4 de marzo pasado, en un momento de euforia derivada del "sí" del referéndum ante el Tratado para la Unión Europea, hizo cuatro preguntas al Consejo de Estado, sobre reforma constitucional. Ante el referéndum sobre Europa fuimos "ingenuamente" o atrevidamente "primerizos". Tenía el "secreto" de encontrar fuerzas de más altos vuelos para unas reformas constitucionales que no están -en su mayor parte- en la realidad cotidiana de los problemas de los españoles: educación, sanidad, violencia, seguridad ciudadana, paro, etc. Sin embargo, la pregunta sobre la "inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas" se presentaba como punto tercero.

Es muy larga la exposición previa que justifica el interrogante. Con una literatura jurídica bien documentada. De altos expertos gubernamentales, más que de autonomistas serios. Es un alegato histórico-político sobre la transición -pacífica y ordenada- de un régimen calificado autoritario a otro democrático y de centralizado a descentralizado. Hay errores de fechas, porque el Gobierno Suárez no da una declaración programática el 5 de julio de 1975. Tampoco es argumento que antes de aprobarse la Constitución ya se hubiera "restablecido" la Generalidad, porque -entre otras cosas- se descubre la línea sinuosa que unas Cortes -que fueron "de hecho" constituyentes- tuvieron que marcar para abordar, sobre la marcha -como se decía- el tablero del juego de las Comunidades Autónomas. Así diseñadas, pero no estructuradas, para el logro de un consenso respecto al resto de la Constitución. Esa es la verdad auténtica y "problemática". Y que se ha ido haciendo realidad a pulso, con dos pasos adelante y alguno atrás, con un costo económico con techo inseguro, hasta llegar al punto en que ahora nos encontramos: unas apetencias que desbordan totalmente la Constitución. Así se posicionan, ya descaradamente, no sólo en Cataluña, Euskadi, Galicia, sino en Canarias y Andalucía... con algunos brotes en Valencia y Mallorca. A un buen tratadista de Derecho Autonómico sereno, esa motivación de la pregunta -si no es parte interesada-, no le va a convencer mucho. Porque antes de la "denominación" de esas Comunidades -cuya naturaleza o intento de separación de España, es decir, la demolición de ésta- se encuentra la cuestión previa del artículo 2 de la propia Constitución ya que ésta "se fundamenta -no dice que represente, o que se "constituya"- en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible a todos los españoles".

Las preguntas al Consejo de Estado, después de una exposición técnico-jurídica abiertamente interesada son: 1. ¿Qué artículos de la Constitución son los más idóneos para llevar a cabo la mención expresa e individualizada de las CC.AA. y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla? 2. ¿Criterios del Consejo de Estado para ordenar su enumeración?, y 3. ¿Qué eventuales consecuencias jurídicas de la mención expresa de las CC.AA. en la Constitución se pueden derivar en relación con otros preceptos constitucionales?

Pues bien, el tono del largo texto explicativo y casi persuasivo, del Gobierno al Consejo de Estado, y del estilo de las respuestas, se pudiera dar ya a entrever las respuestas que el Ejecutivo quiere. O bien, preparar casi un Tratado de Derecho Autonómico. (Si es que se quiere, verdaderamente, un pronunciamiento teórico).

Todo esto ocurre cuando el hecho pactista consumado de los intentos de gobiernos tripartitos -si pudiera ser en todas las Comunidades Autónomas- sin modificar una Ley Electoral, que impidiera el gobierno de los partidos políticos minoritarios, entre en una fase de decantación y que no pusiera en riesgo la Unidad de España. Porque si ésta se rompe, desde las propias Autonomías se habrá desmontado el Estado Español. Ese es el riesgo de las preguntas y de las respuestas. Pero creo que la sociedad civil española, después del 5-J, como respuesta al no Pactismo con el Terrorismo -subterfugio sofisticadamente y hábilmente ensayado- tales preguntas no tienen sentido. Y será difícil encajar en el maleamiento de los españoles. Habrá que exigir más prudencia y más gobernabilidad. Ya fue un trauma difícil en la Constitución. En tiempo de mudanza no son convenientes los cambios. Gobernar, gobernar bien. Sabiendo muy claramente hacia dónde se dirigen preguntas, aparentemente ingenuas, que toquen o estiren el tejido sensible de la solidaridad autonómica. A pretexto de unas nuevas -se pregunta- denominaciones de las Autonomías. Aunque algunos, en un secuestro más del lenguaje, quieran utilizar el término "nación". Cuando sólo hay, constitucionalmente, una sola nación, España.

* Jurista-académico