CON UNA FÓRMULA TAN SENCILLA como útil, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha encontrado la manera de limpiar un poco la ciudad de tanto cartel y papel como hay pegado en los báculos de las farolas y otros sitios prohibidos: un acuerdo con el Inem tendrá ocupados en esta labor a unos cuantos parados durante seis meses. En realidad, la manera era lo menos difícil para emprender esta tarea; lo que hacía falta -y desde este Comentario se han hecho repetidos llamamientos- era la voluntad del ayuntamiento para hacerlo. Ahora, al fin, la Concejalía de Obras e Infraestructuras se decide a poner coto al "empapelamiento" creciente del mobiliario urbano.
En principio, las autoridades municipales no van a sancionar a los infractores, sino que van a llamarlos a los mismos teléfonos que ellos incluyen en sus anuncios y mensajes para apercibirles de que no está bien ensuciar la capital. Esta actitud de buen "talante" parece, sin embargo poco adecuada a las circunstancias, por varios motivos. El primero, que ya existen por toda la ciudad unas columnas donde cualquiera puede plasmar lo que quiere decirle al mundo (por eso se llaman "de libre expresión"), por tanto, no vale la excusa de que en algún sitio hay que pegar los mensajes. El segundo es que ya existe una legislación que permite sancionar este tipo de prácticas y lo vemos a diario en paredes de inmuebles privados donde se advierte de que se considerará responsable a "la empresa anunciadora". ¿Por qué si los particulares hacen uso de la ley para proteger sus bienes un ayuntamiento no puede hacer lo mismo para defender lo público? ¿Es que tiene que cumplirse, una vez más, aquello de que "lo que es de todos no es de nadie"? Mucho nos tememos que hasta que Santa Cruz no multe a unos cuantos de estos ciudadanos irrespetuosos con el patrimonio público la limpieza que se emprende ahora no va a durar mucho.
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