Habrá VPO para las rentas medias, pero costará un 20% más

EFE, Madrid

El borrador del Plan de Vivienda 2005-08, que ayer se presentó a los directores generales autonómicos del área y que todavía no tiene dotación presupuestaria, prevé una nueva tipología de vivienda pública, un 20% más cara, a la que podrán optar las familias de rentas medias, que actualmente no pueden acceder a la libre ni a la pública.

Según fuentes del Ministerio del ramo, este nuevo módulo -para el que se baraja el nombre de "vivienda de precio concertado"- se calculará multiplicando un coeficiente representativo del nivel de vida de cada comunidad autónoma por entre 5,5 y 6,5 veces el Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples (Iprem), antiguo Salario Mínimo Interprofesional (catorce pagas de 460,5 euros).

El borrador del plan propone que sean las autonomías quienes decidan qué porcentaje de vivienda protegida (el total previsto para el Estado es de 180.000 hasta 2008) se acogerá a esta nueva tipología, aunque en ningún caso podrá superar un tercio del total.

Otra de las iniciativas propuestas es la de prolongar la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a toda su vida útil, con el objetivo de evitar la especulación y aumentar el parque de vivienda pública, aunque la medida no tendría efectos retroactivos.

Registro de vendedores

Al tiempo, el texto propuesto por el Departamento de María Antonia Trujillo contempla facilitar la venta de VPO una vez transcurridos diez años desde su compra (el plazo actual es de quince), bien al precio de la VPO más cara en ese momento, bien a la suma del precio inicial y el aumento acumulado del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Antes de esos diez años, podrán transmitir su VPO determinados colectivos, como jóvenes que hayan tenido descendencia tras la compra, familias numerosas o personas que necesiten cambiar de residencia por motivos laborales, aunque en este caso y en el de las expropiaciones por impago, será obligatorio devolver las ayudas recibidas (a la entrada o a la financiación). Para evitar los casos de fraude, el borrador del plan establece la obligatoriedad de que cada comunidad elabore un registro de vendedores y demandantes de VPO, que servirá como intermediario y evitará que exista conexión entre ellos.