Fomento anula el concurso de la Gran Marina por las irregularidades del proceso

EFE, Madrid/ Las Palmas

El Ministerio de Fomento anuló ayer el concurso restringido convocado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria para la ordenación urbanística del istmo de esa ciudad por irregularidades en su realización. Según informó el Ministerio, la Secretaría General de Transportes ha ordenado a la Autoridad Portuaria que lleve a cabo "cuantas actuaciones sean necesarias para la plena efectividad de la resolución, incluida la restitución del premio que, en su caso, se hubiese abonado".

El concurso que contó desde el inicio con la oposición del Colegio de Arquitectos de Canarias, el Ministerio de Fomento y la Comisión Europea, se falló finalmente el pasado mes de enero en favor de los arquitectos César Pelli y Carlos Ferrater, uno de los seis estudios a los que se invitó a participar.

La decisión de Fomento se basa en el dictamen del Consejo de Estado que resolvió declarar la nulidad de pleno derecho del acto de 17 de mayo de 2004 por el que se aprueba el pliego de bases del concurso restringido para el desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en Las Palmas de Gran Canaria. Ese dictamen, emitido el pasado 7 de abril, señalaba que el concurso "se ha desarrollado con una completa inobservancia del procedimiento legalmente establecido".

El Consejo deducía además que no se han cumplido las normas establecidas en las leyes sobre contratación pública y que "el concurso no ha sido objeto de anuncio o publicación en el Boletín Oficial del Estado ni en el Diario Oficial de la UE".

Por todas estas razones, que en su opinión "suponen una completa inobservancia" del procedimiento legal, el Consejo entiende que debe declararse la nulidad de pleno derecho del concurso "y de los actos subsiguientes que dependen y traen causa de él".

Asimismo, el Ministerio informó de que contra dicha anulación, los interesados podrán interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.

Según explicó ayer el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, la decisión del Ministerio de Fomento es firme y de ejecución inmediata, aunque sea recurrida en los próximos dos meses en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que ello "no invalida ni frena el cumplimiento de esta orden".

A pesar de que el dictamen del Consejo de Estado y Fomento destacan "la singularidad de determinadas actuaciones" referidas a la deslealtad institucional y desobediencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz, la ministra Magdalena Álvarez no puede intervenir en su destitución, "salvo que se abra un proceso de otras características".

También cabe la posibilidad de que Arnáiz dimita o que la ministra solicite su destitución al Ejecutivo canario, que por ley tendría la última palabra.