DORY MERINO, Tenerife
La investigación de la muerte de un chico de 16 años en el centro de menores con medidas judiciales Nivaria, en La Esperanza, en la madrugada del 12 al 13 de noviembre del pasado año, ha destapado "la caja de los truenos", por las presuntas irregularidades que se han descubierto alrededor de ese fallecimiento.
El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio, dirigida a la Fiscalía General del Estado, con fecha 3 de enero de 2005, solicitando amplia información sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación a la muerte de este menor, que se encontraba en el centro de reforma de Nivaria y pasaba una temporada en estado de "refugio", petición que había realizado él mismo porque se sentía amenazado.
Pese a todo, el centro no puso en marcha el denominado "protocolo de suicidio", que consiste, entre otras cosas, en poner en la habitación a otro chico de su entera confianza, así como en mirar cada poco tiempo cómo se encuentra el menor. Por el contrario, se le dejó solo y tampoco se hicieron las rondas de observación porque la mirilla de la puerta estaba tapada. Los investigadores concluyen que ni la dirección de Nivaria ni la de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, responsables en última instancia, garantizaron la integridad física y la seguridad del menor.
Por este motivo, la Fiscalía de Menores de Santa Cruz ha emitido un informe, en relación a ese suceso, que pone de manifiesto las exhaustivas investigaciones que se están realizando, en las que, a través de la Policía Judicial, se ha comprobado el tráfico de drogas en el citado centro, así como trabajadores con antecedentes penales, entre otras presuntas irregularidades, como se puede leer en el informe que ha recibido la Fiscalía General del Estado el pasado mes de febrero, al que ha tenido acceso EL DÍA . Estos hechos revelan que la seguridad y la vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales en Canarias es deficiente, en concreto, en la noche en la que murió el menor.
En concreto, la investigación ha sacado a la luz que en la noche del fallecimiento, del 12 al 13 de noviembre, una parte del personal responsable del recinto abandonó su puesto de trabajo durante largo tiempo, coincidiendo con que en esa madrugada se permitió la entrada en Nivaria a trabajadores que no prestaban servicio en ese turno, presuntamente, con la intención de "tomar unas copas" con los que estaban trabajando allí.
Falta de cualificación
Asimismo, los expertos han confirmado la falta de cualificación de una parte del personal laboral con tareas educativas y de responsabilidad en esa noche, pese a que la ley obliga a tener la correspondiente titulación.
Precisamente, éste es uno de los grandes problemas con los que se enfrentan los responsables de los centros de menores, que en la práctica tienen dificultades para encontrar a personas cualificadas que quieran trabajar en estos recintos. N o obstante, según ha podido saber este periódico, se da la circunstancia de que buenos profesionales, con titulación, se han marchado de los centros, debido al descontrol reinante en ellos.
El mismo informe relata la trayectoria del fallecido, destacando que la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, no atendió convenientemente este caso, diagnosticado con TLP (Trastorno Límite de la Personalidad), que requería un centro específico para su tratamiento. En cambio, durante cuatro años, el chico pasó por diferentes centros, tanto de protección como de reforma, donde se fue agravando su diagnóstico al no ser los recintos adecuados para su trastorno, como pusieron de manifiesto los técnicos que lo trataron.
Con el paso del tiempo se agudiza la situación. Es ingresado en un piso tutelado, aunque la asociación que lo gestionaba señaló que su perfil no se ajustaba al proyecto de ese hogar. Allí, durante una discusión, apuñaló a un educador, dejándolo herido de gravedad. Ingresa en Valle Tabares, donde se ha comprobado que ya recibió amenazas en los dos meses que pasó allí. Fue trasladado a Nivaria el 1 de octubre de 2004 y pidió situación de refugio, también por recibir amenazas y acoso, tanto de internos como de trabajadores, aunque este dato no fue comunicado por el centro al Juzgado de Menores, sino que se ha conocido por la investigación que la Fiscalía de Menores mantiene abierta.
denuncias
Se acumulan
Las denuncias de las familias por las presuntas irregularidades se acumulan tanto en Fiscalía como en la Dirección General. Por ejemplo, una familia de Lanzarote denunció que a su hijo le habían trasladado desde Mesa Ponte a Nivaria sin previo aviso, el mismo día en el que la familia tenía fijada una visita. En cuestión de un mes, a este mismo menor lo vuelven a trasladar a Las Palmas, también sin aviso a la familia. Esta semana han puesto una denuncia, pero se preguntan por qué se producen estas irregularidades, sobre todo, cuando la normativa es tan clara y debe ser conocida por todos, pero en mayor grado por la Fundación Ideo, todavía gestora de estos centros.
"Maltratadores"
La Fundación Ideo ha contratado a educadores que fueron despedidos con la empresa Cicerón Siglo XXI y que fueron definidos como "maltratadores" por los actuales responsables de Ideo. Estos educadores tienen una presencia física, que en lenguaje coloquial se les denomina "porteros de discoteca". Además, para adaptarse al Reglamento de la Ley del Menor, que indica expresamente que los vigilantes de seguridad deben permanecer en el exterior del recinto, Ideo ha optado por nombrar educadores a los que hasta ahora eran vigilantes, que ya están ejerciendo su nuevo puesto.
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