Nuevas pruebas de la defensa obligan a aplazar al lunes el juicio contra Botín

COLPISA, Madrid

Nuevas pruebas aportadas por las defensas de Emilio Botín, José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui obligaron a suspender ayer, en su primera sesión, el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones multimillonarias del Santander Central Hispano (SCH). Las principales son dos informes periciales, elaborados a petición de los acusados, que afirman que este tipo de pagos son "comunes" entre los directivos de primer nivel de las grandes empresas y que los hechos concretos que ahora se juzgan no supusieron un "perjuicio" para el banco.

Aunque el contenido de esos documentos no supone sorpresa alguna respecto a las tesis defendidas por los tres acusados, su gran volumen llevó al tribunal de la Sección Tercera de lo Penal a aplazar la vista oral hasta el próximo lunes (fecha en la que serán interrogados los imputados) a fin de que las partes puedan estudiarlos en profundidad y, si lo estiman necesario, solicitar otras diligencias que refuten su contenido. La única objeción la puso el fiscal Fernando Burgos, defensor del archivo de este caso, quien teme que el proceso se convierta así en "una escalada de prueba y contraprueba", lo que "condicionaría" su marcha.

El Santander, por su parte, entregó varias actas de las reuniones de los consejos de administración del banco y de su junta de accionistas, donde se respaldan los pagos realizados a los ex directivos que se marcharon de la entidad. El informe pericial presentado por la defensa de Botín, realizado por la firma Towers Perrin, argumenta a su vez que "altas retribuciones" como las de Amusátegui y Corcóstegui son "práctica habitual" entre las empresas de alto nivel.

Código del buen gobierno

El último documento está elaborado por Manuel Olivencia, catedrático de Derecho Mercantil y presidente de la comisión que informó sobre el "código del buen gobierno" de las empresas, que dio lugar después al llamado "informe Aldama" para la transparencia de las sociedades cotizadas. Su estudio pericial, encargado por la de-fensa de Corcóstegui, sostiene que contratos de alto ejecutivo como el que éste tenía son "muy frecuentes", y su práctica está "totalmente regulada".

Botín está acusado de ordenar el pago de sendas indemnizaciones multimillonarias a Amusátegui y Corcóstegui, que las recibieron por su salida anticipada del banco. A los tres se les imputan los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, y se enfrentan a penas de cárcel de entre cuatro y doce años. Además, han tenido que prestar una fianza de 164,2 millones de euros.

Con una sola hora de juicio, el presidente de la Sala, Antonio Díaz Delgado, decidió aplazar la vista a petición de las partes, fundamentalmente, las dos acusaciones particulares, que habrán de leer las nuevas veinte pruebas expuestas por la defensa de Botín y del ex consejero-delegado Ángel Corcóstegui.