AGENCIAS, Caracas
El arresto de Rodrigo Granda, responsable de relaciones internacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el Gobierno de Colombia y está creando tensiones con el de Venezuela.
Colombia afirma que detuvo a Granda el 13 de diciembre en su país, poco después de que entrara por tierra desde Venezuela, país con el que comparte más de 2.200 kilómetros de frontera. Pero las sospechas de que la detención se realizó en Caracas surgieron casi de inmediato. Las autoridades de ambos países mantienen sus posiciones y ayer el Gobierno de Hugo Chávez llamó a su embajador en Bogotá, Carlos Santiago Ramírez, a consultas.
El presidente del Parlamento venezolano, Nicolás Maduro, denunció ayer que hay sectores en los gobiernos de Colombia y EEUU que buscan "calentar" la frontera colombo-venezolana con el objetivo de desestabilizar el Gobierno de Caracas.
"Observamos con mucha preocupación que estos sectores tengan tanto poder en el Gobierno colombiano" y "no nos queda ninguna duda de que los vientos de conflicto bilateral también son azuzados desde el Gobierno de EEUU", declaró Maduro a corresponsales extranjeros en su despacho de la Asamblea Nacional.
El presidente del Legislativo dijo estar convencido de que "un sector del Gobierno (colombiano), y queda aún por determinar si al más alto nivel, está involucrado en las órdenes que se impartieron para el secuestro" en Caracas en diciembre del llamado "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda.
El ministro colombiano de Defensa, Jorge Alberto Uribe, dijo el miércoles que su gobierno pagó una recompensa no especificada por información que condujo a la captura de Granda. "Se pagó por información que permitió que Granda pasara a manos de la Policía Nacional", informó Uribe, quien agregó de inmediato que nunca se vulneró la soberanía venezolana.
Según Maduro, "el caso Granda es un golpe bajo a las buenas intenciones de Chávez de hacer avanzar las relaciones de respeto y colaboración con el Gobierno de Uribe". También acusó de pretender enturbiar las relaciones entre Venezuela y Colombia a "sectores conservadores del Gobierno de EEUU, porque sufren mucho cuando ven resultados positivos de los encuentros entre Uribe y Chávez. El objetivo en este momento es crear todas las dificultades posibles para que la revolución bolivariana no se consolide en sus planes económicos, sociales y de estabilidad política", añadió.
"La ley de la selva"
La decisión del Gobierno colombiano de legitimar delitos como el soborno y el secuestro introduce en la región andina la "ley de la sel-va", indicó ayer el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel.
El vicepresidente señaló a los periodistas que las recientes declaraciones de funcionarios colombianos confirman que el gobierno de ese país estuvo detrás del "secuestro" de Granda, el 13 de diciembre pasado en Caracas.
"Hubo una violación de la soberanía venezolana. El ministro de Defensa (Jorge Uribe) asumió la responsabilidad del soborno y la participación en el secuestro. Eso reedita la ley de la selva en el ámbito andino. Se está expandiendo el Plan Colombia a toda la región andina", afirmó Rangel. ¿Cómo reaccionarían en Bogotá si Venezuela decidiese sobornar a policías y militares colombianos para que cometan en su país delitos como el que se perpetró en Caracas?", preguntó el vicepresidente.
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