E.C., S/C de Tenerife
La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular sobre el litoral de Granadilla arremetió ayer duramente contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno, Antonio Lorenzo, cuya dimisión pidió ayer el portavoz de la plataforma, José Luis Fumero, al considerar que se ha ocultado información de los informes ambientales que se hicieron para avalar la decisión del Ejecutivo en contra de la toma en consideración de la propuesta.
La queja contra Lorenzo se produce después de que el miércoles el diputado socialista Santiago Pérez le preguntara en la Cámara por qué no había informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre este expediente. El consejero dijo que sí estaba el expediente, y que señalaba que la zona a proteger no constituye un ámbito específico que justifique tal declaración. Fumero indicó que Lorenzo no mencionó otra parte del informe que confirma la veracidad de todos los valores ambientales del área y reconoce que la franja costera del litoral tiene "un papel destacado en la conservación de la biodiversidad, particularmente en relación con algunas especies catalogadas".
También Pérez denunció ayer la actitud del consejero, que ante la avalancha de críticas convocó una rueda de prensa para asegurar que "el Gobierno ni omite, ni extravía ni pierde documentos", sino que toda esta situación se debe "a una confusión" de Santiago Pérez en relación a los informes sectoriales que deben acompañar la decisión definitiva del Gobierno.
Lorenzo explicó que el informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente se incluyó en otro más amplio de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio, que es la que debía emitir el informe definitivo. "Hemos dado toda la información clara y transparente en todas nuestras actuaciones", reiteró, tras recordar que "es entendible" la confusión siempre que se deje como una anécdota.
El presidente del Ejecutivo, Adán Martín, también defendió la actuación de la Consejería, e insistió en defender la postura de su Gobierno. Indicó que respeta la iniciativa ciudadana e incluso indicó que es bueno que se produzca una cierta movilización social, pero insistió en que el Ejecutivo "tiene la responsabilidad de pensar en lo que va a pasar en 15 años y tomar decisiones". Además, volvió a defender el Puerto de Granadilla que, según dijo, va a aportar más valor que el que puedan ofrecer otras alternativas económicas que ocupan más territorio.
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