AGENCIAS, Madrid
El Pleno del Congreso aprobó ayer el Real Decreto-Ley de Modificación de los presupuestos generales del Estado para 2005, que permite al Gobierno compensar a los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos doce meses debido a un alza de precios mayor de lo previsto. En consecuencia, todas las prestaciones subirán en 2005 como mínimo el 3,5%.
Esta norma, que fue aprobada por unanimidad, permitirá que los 7,9 millones de pensionistas contributivos y cerca de medio millón de no contributivos cobren una paga compensatoria por la desviación del IPC en 2004, que el pasado noviembre fue 1,5 puntos mayor que la previsión oficial para todo el ejercicio (2%).
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, recordó que, según los cálculos oficiales, el desvío del IPC supondrá al Estado un desembolso de 1.873 millones de euros distribuidos entre la paga adicional (936 millones) y su consolidación en las nóminas de los pensionistas (otros 936), tal y como establece la Ley de Racionalización de las pensiones.
Colaboración
Con esta subida de pensiones, "la mayor de los últimos quince años", destacó Caldera, el Gobierno ratifica su voluntad de que las pensiones mínimas suban el 26% antes de que acabe la legislatura, aunque para ello pidió la colaboración de los agentes sociales y las fuerzas parlamentarias.
Luis Mardones (CC) apoyó la norma "porque garantiza la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas" y porque no ha sido posible "hacerlo por la vía de los presupuestos" en el Senado.
Desde IU-ICV, Joan Herrera recordó que hasta ahora la revalorización de las pensiones se incluía en los presupuestos a través de una enmienda aprobada en el Senado, lo que en esta ocasión no ha sido posible, por el veto de los grupos a las cuentas de 2005.
Olaia Fernández, del BNG, valoró la iniciativa, pero dijo que esta subida no mejorará la calidad de vida de personas que cobran la prestación mínima.
Pedro María Azpiazu (PNV) también recordó que la presentación de este Real Decreto es una "consecuencia colateral" del veto presentado a los presupuestos en el Senado, y pidió una "profunda reflexión" sobre "el destino del tan abultado superávit de la Seguridad Social" y sobre las pensiones de muchos pensionistas que con menos de 500 euros al mes "no pueden vivir dignamente". Joan Tardá (ERC) valoró la convalidación de esta norma y aprovechó su intervención para reiterar su derecho a intervenir en catalán, para lo que apeló a la "solidaridad, justicia y voluntad política".
Carles Campuzano (CiU) también se mostró a favor de la revalorización de las pensiones porque es una recomendación del Pacto de Toledo, porque lo obliga la Ley y porque "es de justicia hacerlo", aunque dijo al ministro que "el carácter social de estos presupuestos es, como mínimo, discutible". José Ignacio Echániz (PP) criticó que el desvío de los precios tenga un coste tan elevado para el Estado".
Precisamente ayer, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo ayer, respecto a la reiterada demanda de los empresarios de que se les rebajen las cotizaciones sociales, que, en España, "el problema fundamental no es el de las cotizaciones sociales". Así, indicó que el superávit de la Seguridad Social no será permanente y que "cualquier planteamiento que implique la reducción de cotizaciones sociales plantea el problema de cómo hacer frente al crecimiento a medio y largo plazo".
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