¿De quién es la culpa?

UNA INTOXICACIÓN, posiblemente alimentaria, de varios ancianos que residían en un centro de la tercera edad de Güímar ha servido para poner al descubierto la ilegalidad de la residencia, de la que ha trascendido que al menos su ocupación supera lo recomendable y presenta deficiencias estructurales. Cada cierre de una residencia por incumplimiento de la normativa y el descubrimiento de otras clandestinas son un aldabonazo para las conciencias de los ciudadanos, que lleva a cuestionar la inhumanidad de quienes las regentan y de quienes ingresan a sus mayores en centros de dudosa calidad. A menudo, y a sabiendas de las penosas condiciones en que se encuentran sus mayores, muchos de esos allegados se conforman con saber que hay un sofá y una "tele" ante la que podrá descansar y que estará, si no cuidado, sí vigilado, mientras el resto de la familia se dedica a su vida habitual, de trabajo y ocio. La crítica no es justa, porque no hay que perder de vista que nada de eso sucedería con una amplia oferta de plazas en residencias públicas, lo que no debe ser considerado un lujo, sino el justo premio a la vejez. Si la respuesta de los responsables políticos fuera la que verdaderamente se espera de ellos, no estaríamos hablando del anuncio de un crecimiento de decenas de plazas, sino de miles con garantía oficial. De ese modo, las familias no sucumbirían al precio más barato, a menudo el único asequible a sus economías. Culpar a los familiares es simplificar el problema, cuando, salvo excepciones, nadie dejaría a su madre o a su padre abandonado en un centro en el que la comida escasea, la enfermedad se adueña de los internos y el personal, escaso y poco profesionalizado, no da para más. La propia responsable del plan sociosanitario insular admitía el problema: hay plazas para las clases altas y para las más bajas, pero no para la media, que supera los ingresos mínimos para optar a las públicas y no les alcanza para afrontar el coste de la privada. Tenemos auditorio y tendremos tranvía, pero no una residencia digna y pública a la que podamos acudir el día de mañana. Ése es el problema y no otro.

*Redactora de EL DÍA