COLPISA, Madrid
La Guardia Civil tendrá ayuda internacional para desentrañar los flujos económicos a Europa de la Tabligh al Dawa, una de las sectas más radicales del Islam y de la que se sospecha que puede ser la tapadera para introducir en el continente, a través del Estrecho de Gibraltar, importantes cantidades de dinero para apoyar actividades terroristas.
Los especialistas del instituto armado que desde antes del 11-S investigan esos movimientos financieros con origen en Marruecos y que pasan por España contarán con la asistencia de agentes franceses para tratar de localizar el destino final en Europa de estas importantes sumas.
Tres guardias civiles y un fiscal de la Audiencia Nacional, por parte española, y un número aún desconocido de funcionarios galos compondrán el primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para luchar contra el terrorismo islámico.
La creación de este grupo, similar al creado la semana pasada para neutralizar las habituales campañas de verano de ETA, fue anunciado por los ministros de Justicia de ambos países, Juan Fernando López Aguilar y Dominique Perben, que ayer se reunieron en Barcelona para preparar la cumbre hispano-francesa de Zaragoza que se celebrará el próximo diciembre.
En octubre
El grupo, que comenzará a trabajar este octubre, se ha creado a instancias de la Guardia Civil y de la Audiencia Nacional ante la imposibilidad de seguir la pista en Europa de varios miembros de la Tabligh al Dawa que periódicamente viajan desde Marruecos a Francia a través de España y de los que se sospecha que transportan fondos con destino a organizaciones islámicas radicales de países como el Reino Unido.
El Ministerio de Justicia informó ayer de que los funcionarios españoles que trabajarán en este equipo conjunto y que actuarán en territorio francés "dispondrán de los poderes reconocidos por el marco jurídico interno galo, es decir, que desarrollarán en el país vecino su labor como agentes de policía judicial". A su vez, y siempre según las normas procesales francesas, podrán participar en registros, grabaciones de sonido o escuchas telefónicas y proceder a "labores de investigación no coercitivas" -atestados o vigilancias- bajo la dirección de un oficial de policía judicial del país vecino.
Justicia insistió en que la novedad de estos equipos estriba en que "hasta ahora las fórmulas de actuación de los policías españoles que trabajaban en territorio francés estaban muy limitadas por falta de cobertura legal". Sin embargo, a partir de este momento, los guardias civiles podrán llevar a cabo registros o escuchas telefónicas, como prevé el acuerdo firmado entre los dos países, para frenar la financiación de Al Qaeda en Europa a través del Estrecho.
Ánimo a otros socios
El titular de Justicia calificó el protocolo suscrito en Barcelona como un "paso muy importante en la lucha antiterrorista en la UE" y animó al resto de los socios comunitarios a suscribir este tipo de acuerdos bilaterales para "avanzar así en el espacio de libertad, justicia y seguridad".
El convenio antiterrorista hispano-galo acordado ayer no es el primero que ambos países suscriben para lucha contra las redes de Al Qaeda tras el 11-M. El pasado julio, los servicios de Información de los dos Estados llegaron a un acuerdo para intercambiar listados de organizaciones y personas sospechosas de apoyar a células terroristas. Además, los responsables policiales de ambos lados de la frontera acordaron crear un grupo de trabajo para tratar la posible expulsión coordinada de religiosos integristas que utilicen los púlpitos para defender la violencia.
Ayer se reunieron, además de los ministros de Justicia, los responsables de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y Michel Barnier, los de Defensa, José Bono y Michele Alliot-Marie, y los titulares de Fomento, Magdalena Álvarez y Gilles de Robien.
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