Los constructores vuelven a apostar por la VPO ante las nuevas medidas de apoyo

E.C., S/C de Tenerife

Los constructores de la provincia tinerfeña analizaron ayer en una reunión celebrada en Fepeco las perspectivas del sector de la vivienda pública y coincidieron en su interés por volver a apostar por esta actividad, en un momento en el que la saturación del mercado de vivienda libre y las nuevas medidas anunciadas para impulsar los planes públicos vuelven a hacer atractiva para la iniciativa privada la construcción de VPO.

Así lo explicaron al término del encuentro dos de los miembros de la Ejecutiva de Fepeco, Carlos Cruz y Antonio Díaz Flores, que aseguraron que "estamos ilusionados de nuevo porque el mercado propicia la construcción de vivienda de protección oficial".

En los últimos años, la construcción de vivienda pública de promoción privada, que es la dirigida a un sector más amplio de la población, ha estado prácticamente paralizada en el Archipiélago, y los empresarios se mostraban, de hecho, muy escépticos incluso con las bajas cifras que ha dado el Gobierno de Canarias al respecto.

"La vivienda protegida ha fracasado, pero la situación económica ahora ya no es tan boyante y hay que volver a la VPO, que también es una vivienda razonable desde el punto de vista económico y social, porque cuando se acaba la época de las vacas gordas, se vuelve a las flacas", indicó Díaz Flores.

Carlos Cruz achacó el escaso interés de los promotores privados por la vivienda pública en los problemas para obtener suelo, el aumento de los costes y la falta de adecuación de los precios de venta, que vienen impuestos por el Estado, a los costes reales.

Nuevas medidas

Ahora, sin embargo, consideran que se han tomado una serie de medidas adecuadas para impulsar este sector, entre las que citó como "revolucionaria" la idea del Ejecutivo canario de establecer por ley la posibilidad de que los municipios en los que no haya suelo se puedan calificar terrenos rústicos, siempre que la mitad se dedique a vivienda pública. En su opinión se trata de "la ley más creativa del Gobierno en mucho tiempo", que va a venir a solucionar un problema muy grave hasta que todos los municipios adapten su planteamiento a la Ley de Ordenación del Territorio, y entonces entre en vigor la obligación de destinar el 25 por ciento de todo el suelo que se urbanice a promociones públicas.

Además, el Gobierno canario ha decidido aprobar un incremento de las ayudas directas a los promotores, a los que dará 6.000 euros por cada vivienda pública construida, a la vez que también se ha dado luz verde a un 4 por ciento en el incremento del precio máximo de venta de las casas, con lo que se considera que se dan las condiciones para que estas promociones sean de nuevo rentables.

No obstante, los representantes de Fepeco apuntaron que el despegue definitivo de la VPO no se va a producir hasta que se apruebe un aumento mayor del precio de la vivienda pública, una vez que ya el Gobierno canario ha pedido al central un incremento de hasta el 25 por ciento. "Si se acepta esta medida, resolveremos el problema de la VPO", aseguraron.

Con este panorama, Cruz y Díaz Flores indicaron tras la reunión con los empresarios tinerfeños de la construcción que "se abren buenas expectativas si el Gobierno consigue sacar adelante todas estas medidas", a la vez que señalaron que "cuando apostamos por la vivienda protegida lo hacemos con todas las consecuencias, y si hay un marco adecuado para construir, lo vamos a hacer".

"Nosotros no somos los especuladores"

El debate abierto en los últimos años en el Archipiélago sobre la falta de suelo, que ha bloqueado casi totalmente la construcción de vivienda de protección oficial, ha provocado que los distintos sectores implicados en esta actividad hayan lanzado duras acusaciones unos contra otros, culpándose de la situación. Los constructores quisieron dejar ayer claro que "nosotros no somos los especuladores, porque somos los más interesados y a los que más nos preocupa obtener suelo", según explicó Antonio Díaz Flores. La creación en el último año del Instituto Canario de la Vivienda, organismo en el que está incluido el Gobierno de Canarias, los cabildos y los municipios, se anunció como un nuevo intento por coordinar la acción de los distintos agentes implicados, con el fin de ayudar a sacar adelante los planes públicos de vivienda. Sin embargo, también entre las instituciones ha habido acusaciones, y en diversas ocasiones el Ejecutivo ha pedido a los ayuntamientos más colaboración para lograr suelo a precios razonables para este tipo de promociones, algo que pedían también ayer los empresarios. Los responsables de Fepeco se quejaron, además, de que en su momento el Gobierno de Canarias no aprovechara la oportunidad para solicitar la declaración de municipios singulares para determinadas zonas con especiales necesidades en materia de vivienda, lo que hubiera contribuido a impulsar su construcción, ya que se establecen una serie de condiciones especiales para su realización.