ME SORPRENDÍ BASTANTE el día que supe, hace bastante tiempo, cuánto ganan los altos ejecutivos de las grandes empresas. Sueldos que rondan los 300.000 euros al año, e incluso más en ciertos casos. Y no me refiero al presidente de un gran banco o a quienes se sientan en el consejo de administración, sino a otros empleados, bastante más anónimos, que forman la corte decisoria de toda entidad importante, financiera o de cualquier tipo.
Al margen de que dichos consejos de administración suelen ser tan generosos con los honorarios propios, como cicateros para fijar los salarios de la plantilla, supe también que esos altos estipendios están en consonancia con lo que habitualmente se denomina precio de mercado. Es decir, se ajustan a la realidad. Lo cual, bien pensado, tampoco resulta descabellado: si algunos futbolistas cobran millones de euros por darle patadas a un balón, ¿por qué no remunerar bien el talento de un directivo formado en Harvard?
Ciertamente, las empresas privadas son libres de pagarle a su personal lo que estimen oportuno. En el asunto de los futbolistas, ya que hemos citado el ejemplo, hay miles de espectadores en las gradas aplaudiendo o abroncando el buen o mal hacer de los jugadores, además de otra multitud que no va a los estadios pero ve la televisión. Tanto espectáculo hay que pagarlo, incluso a precio de oro. Por lo tanto, si un futbolista gana millones es porque genera esos millones y algo más, ya que la gestión nunca ha sido gratis sino todo lo contrario. Lo mismo cabe decir de las grandes sociedades económicas en las que, además de no cometer errores, son precisos bastantes aciertos para no cederle el mercado a los competidores.
El asunto de la función pública no tendría que ser diferente, pero lo es. Ante todo porque la gente asume de mala gana que alguien gane mucho en una empresa privada, pero le sienta peor que el agraciado sea un cargo público. Entre otras cosas, supongo, porque en este caso el sueldo del interfecto lo paga el contribuyente. Si a eso unimos la envidia patria, tenemos los ingredientes adecuados de un cóctel explosivo.
Personalmente, lo he dicho en alguna ocasión, no me importaría que un alcalde, e incluso los concejales con responsabilidades en la gestión de un ayuntamiento, estuvieran muy bien remunerados. El dispendio del erario no se produce por pagar sueldos más o menos altos, sino por una gestión inadecuada. Y, dando un paso al límite, por la posible tentación de actitudes dolosas. Construir una infraestructura favorable para determinado amigo, que luego sin duda lo agradecerá, en detrimento de actuaciones en otra zona donde sí produciría un gran beneficio social, además de un enriquecimiento general frente al lucro personal o de unos pocos, resulta muchísimo más lesivo para las arcas públicas. No sólo en primera instancia, sino también a la larga, y muchas veces de forma irremediable.
Decía Wilde que se puede resistirlo todo excepto la tentación, pero unos ediles bien pagados son más difíciles de tentar. No suele ser este, sin embargo, el razonamiento que cala en el electorado. Con lo cual cabe asegurar, sin demasiado margen de error, que la mejor forma de hundir políticamente a alguien es evidenciar que cobra mucho.
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