El territorio lo acaparan especuladores

Tenerife, con un total de 2.034,38 kilómetros cuadrados, es la Isla más extensa del Archipiélago. No obstante, casi la mitad de su superficie está sujeta a fórmulas de protección, una cuarta parte queda definida como zona rural y en los restantes 500 kilómetros cuadrados se asienta una población de hecho que alcanza nada menos que el millón de personas, arrojando una densidad que supera los 300 habitantes por kilómetro cuadrado.

A la vista de estos parámetros, cabe preguntarse si hay suelo disponible en la Isla y, en caso de una respuesta afirmativa, quién o quiénes lo poseen. Sobre estas cuestiones giró el debate convocado por EL DÍA esta semana, que reunió alrededor de la mesa al constructor Roberto Torres del Castillo, junto a José Gumersindo García y Arturo González, alcaldes de Candelaria y San Miguel de Abona, respectivamente.

Ahora bien, el Cabildo ya ha previsto reservas de suelo, como base física para del Plan Insular de Ordenación (PIOT), y algunos ayuntamientos se han lanzado a la compra de terrenos para impulsar la construcción de viviendas sociales, entre otras acciones enmarcadas en los Planes Generales, pero la impresión generalizada es que el grueso del territorio disponible queda en manos de unos pocos, de los que acumulan y acaparan, y por cuyas manos pasan alternativamente las propiedades.

Los contertulios coincidieron en señalar que la clave podría estar en evitar el excesivo abuso de la especulación, en lo que se refiere a urbanismo, construcción y todo aquello que lo envuelve. Y aún admitiendo que la retención de bienes inmuebles, procurando su venta en coyunturas más favorables para así lograr un precio más alto, es un comportamiento admisible en la economía de mercado, desde el punto de vista social re-sulta perjudicial y hasta perverso, como podría ser en el caso del polígono de Granadilla, Las Chafiras, Candelaria o Las Teresitas.

Así, el alcalde de Candelaria sostuvo que deberían arbitrarse medidas para frenar "esos acaparamientos que provocan el encarecimiento del suelo y, en consecuencia, de las viviendas, permitiendo que unos pocos ganen mucho y que los ayuntamientos tengan que buscar alternativas para abaratar el precio del terreno".

Como fórmula propuso que, cuando un Plan General califique una determinada zona, "se exija un plazo para su desarrollo y su salida al mercado, de forma que puedan construirse viviendas y el suelo no quede guardado, como los ahorros en el banco, a la espera de revalorizarse para ser vendido a un precio diez veces superior".

Gumersindo García explicó que si bien el territorio urbano consolidado no puede modificarse, hay otros que sí pueden recalificarse, "y en ese caso estamos en manos de quienes acumulan y acaparan".

Con todo, el edil candelariero también hizo autocrítica y manifestó que "los municipios no hemos sabido gestionar nuestro territorio, ni crear un patrimonio público y de ahí la carencia en disponer de suelo con la celeridad necesaria para atender la demanda de equipamientos y vivienda que demandan los vecinos".

El constructor y promotor Roberto Torres del Castillo fue directo y tajante en su análisis de la situación: "Existen varios tipos de constructores: los que sólo buscan el dinero y los que aman profundamente su profesión".

A su juicio, "alguien tendrá que poner coto a la especulación, porque no puede ser que la mejor inversión que exista en Canarias sea la compra de terrenos".

El veterano constructor percibe que existen "una serie de estafadores que se están aprovechando de la demanda de suelo, por un exceso de ambición y de egoísmo", lo que está provocando que el sector esté perdiendo parte de "su dignidad", por lo cual reivindicaba más dosis de ética.

El alcalde de San Miguel, Arturo González, circunscribió su primera reflexión a la zona Sur de la Isla, señalando que "hasta hace unos años, desde Arico hasta Guía de Isora eran diez grandes familias las que poseían la mayoría del territorio. Pero con el paso del tiempo la situación ha variado y la titularidad está ahora más repartida, aunque siguen existiendo grandes bolsas de suelo, aptas para una posible urbanización, que son propiedad de unas pocas personas".

Arturo González explicó que en el municipio sureño se están construyendo muchísimas viviendas, básicamente en la zona de Las Chafiras, donde dijo que "más de un 50 por ciento de los propietarios son extranjeros, que adquieren suelo más barato que en sus países. Y una consecuencia negativa es que nuestro pueblo va perdiendo su identidad. Creo que al Gobierno le corresponde regular esta situación".

El Plan General de San Miguel, que se encuentra en fase de aprobación inicial, ha recibido un total de 500 alegaciones. La mayoría de ellas están relacionadas con aquellos vecinos que solicitan la recalificación de sus propiedades, de rústicas a urbanas. "No existe conciencia de que habitamos un territorio limitado y que debemos mantener el suelo rústico. El problema es que, una vez recalificadas, estas propiedades probablemente se vendan después a extranjeros. Por eso, considero que hay que poner limitaciones para que la Isla no se convierta en un gran solar urbano".

Llegados a este punto, Roberto Torres del Castillo se dirigió a las autoridades para preguntarles "qué territorio tenemos ocupado por viviendas y qué suelo queda libre, de forma que podamos delimitar zonas urbanas y rústicas para que así no se pueda edificar en cualquier lugar", ahondando en su constante defensa del paisaje como un valor a entregar a las generaciones futuras.

Por su parte, Gumersindo García destacó que, como alcalde, le preocupa que "el vecino tenga facilidad de acceso a la vivienda y que cuente también con posibilidades de autoconstrucción, sobre todo en las zonas rurales donde los solares se heredan de padres a hijos".

Y en relación con esa conciencia de la que hablaba el edil de San Miguel, sostuvo que "nos viene impuesta por las normas. Se va a abrir un periodo en el que los vecinos deberán asumir una nueva cultura de la construcción y que va a suponer que, salvo los suelos urbanos ya consolidados, cualquier promoción se va a llevar a cabo a partir de unidades de actuación, con lo que cualquier ciudadano va a a tener que hacer cesiones de terreno y costear la urbanización de la construcción".

A juicio del alcalde de Candelaria, "estamos creciendo a un ritmo muy alto y no podemos hacerlo sin una base que garantice esa estabilidad económica que nos permite disfrutar de riqueza y de bienestar social".

En consecuencia, Gumersindo García insistió en que "los ayuntamientos tenemos que adaptar los Planes Generales, además de crear riqueza, contener el exceso de construcción y crear infraestructuras de equipamiento necesarias".

El alcalde de San Miguel cerró el debate augurando que "si seguimos creciendo a este ritmo, esto será pan para hoy y hambre para mañana. Estamos cavando nuestra propia fosa, porque llegará un momento en que la Isla no va a resultar atractiva para el visitante, el turista, que es el sector del que dependemos"... Incertidumbre.