El Gobierno dice que las indemnizaciones turísticas tienen que pagarlas los cabildos

E.C., S/C de Tenerife

El Gobierno dejó ayer claro a los cabildos que si pretenden entrar a revisar los planes turísticos ya aprobados y los tribunales obligan a pagar indemnizaciones en el caso de que no exista acuerdo con los promotores afectados, deberán ser ellos los que asuman ese coste, ya que es la Administración que actúa la que debe asumir la responsabilidad.

Así de claro lo apuntó ayer el viceconsejero de Ordenación Territorial, Fernando González, y en la misma línea se expresó el propio presidente del Ejecutivo, Adán Martín, que, no obstante, admitió que se trata de una cuestión que habrá que estudiar caso por caso, a la vez que señaló que "si hay que buscar un camino de entendimiento, nos sentaremos a ver de cuánto dinero se trata" para intentar buscar una solución.

En cualquier caso, Martín indicó que la disputa sobre si corresponde a Gobierno o cabildos pagar estas indemnizaciones no es una cuestión "política", sino algo que viene determinado por las normas jurídicas, que señalan que es el que promueve la acción el que debe pagar.

La discusión sobre este asunto la ha abierto el Cabildo de Tenerife, que se ha encontrado con la posibilidad de tener que afrontar indemnizaciones millonarias para intentar reducir las camas turísticas que se van a construir en la Isla, algo que también está intentando hacer el Cabildo de Fuerteventura.

Desde el Cabildo tinerfeño se indicó que se espera que ese coste se asuma "solidariamente", pero ayer el Gobierno se desmarcó de esta posibilidad, mientras el consejero de Turismo, José Juan Herrera, asegura que de momento ninguna institución le ha planteado ese problema. "Si van a expropiar es un problema de ellos, pero no necesariamente hay que ir a expropiar", señaló.

Mientras, Fernando González insistía en que la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo no entra en este asunto y se limita a suspender, pero no atacar, los derechos turísticos adquiridos.

Responsabilidades

El portavoz del PSC en el Parlamento regional, Francisco Hernández Spínola, dijo que el problema que surge ahora en relación con las indemnizaciones por la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo es una muestra más de la "improvisación" del Gobierno que, en su opinión, "no tiene criterio político y jurídico sobre asuntos con una gran repercusión en el erario público".

"Es fácil colocar las cosas en el papel, pero luego crean grandes problemas jurídicos, y no vale ahora mirar para otro lado, porque eso es una muestra de la poca responsabilidad del Gobierno", señaló el dirigente socialista

En este sentido, Hernández Spínola apuntó que el Ejecutivo debería haber tenido una mayor previsión "y tenerlo todo más amarrado jurídicamente", puesto que el riesgo de las indemnizaciones ya se vio durante el largo proceso de debate de la Ley de Directrices, cuando el propio Parlamento pidió al Gobierno las máximas garantías jurídicas para evitar que este tipo de situaciones llegaran a producirse.

"El Gobierno debe decir ahora cómo se va a resolver este conflicto que ha originado el propio Gobierno", indicó el portavoz socialista que, no obstante, no quiso entrar en quién debe asumir el coste de las indemnizaciones.