Pospuesto el cierre de tres canteras de áridos para dar audiencia a las empresa

EL DÍA, Güimar

Vicenta Díaz recibió ayer a representantes de las empresas dedicadas a la extracción de áridos cuyos recursos contra el decreto de su cierre y precinto fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Inmediatamente después, tuvo lugar un pleno ordinario en el que dio cuenta de tales sentencias y anunció la apertura del trámite de audiencia otorgado a las empresas para que, durante los próximos 10 días, aporten cuanta documentación consideren oportuna. Con ello, la Alcaldía quiere completar el expediente y asegurar en lo posible la legalidad de la medida.

"Igual que lo hice una vez, volveré a decretar el cierre y precinto de las canteras, pero han pasado los años y desde entonces se han suscrito otros convenios por los que este ayuntamiento ha recibido dinero", dijo al Pleno Vicenta Díaz, quien aseguró estar también a la espera de "un par de documentos y de un informe del secretario" para aplicar las medidas.

Díaz recordó, haciéndose eco de lo que le manifestaron dos de los representantes empresariales, que en uno de los convenios existe una cláusula por la que, como contrapartida, la corporación debe conceder la licencia a las industrias extractoras. "Licencias que ellos dicen haber pedido por escrito al ayuntamiento, pero aquí no aparecen esos documentos", añadió.

Rigoberto González, portavoz del PSOE, explicó al Pleno que el dinero aportado por las empresas es fruto del acuerdo alcanzado el 12 de noviembre de 1999 entre ambas partes, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, habiéndose suscrito un convenio posterior "porque los areneros no querían pagar". El ex alcalde fue tajante al afirmar que "siempre me he negado a darle licencia a una actividad que es ilegal", argumentando que dichas empresas carecen de las autorizaciones de Cabildo y Gobierno canario como motivos que le llevaron a no otorgar las licencias solicitadas, entre otros. González reiteró el apoyo de su grupo político al cierre.

El secretario de la corporación, Domingo Jesús Hernández, explicó al Pleno que la legislación estipula que es la administración municipal, en este caso, quien debe ejecutar la sentencia en el plazo de 10 días desde que es comunicada la misma y que cualquier acto contrario al sentido de lo sentenciado que se produzca entre el momento en que se dictamina y el instante en que se ejecuta es nulo. A su juicio, dado el tiempo transcurrido, otorgar un periodo de 10 días como plazo de trámite de audiencia a los empresarios no dilata más el proceso para el cierre y precinto de las canteras.

¿Y las otras extracciones?

Las formaciones políticas representadas en el Pleno coincidieron en que "tenemos que cerrar todas las canteras", no sólo las tres afectadas por las sentencias. Vicenta Díaz aclaró que se encuentra con que "en el ayuntamiento no hay expedientes de las otras dos, pero queremos saber qué ha pasado con ellas ya que estaban incluidas en el decreto de cierre firmado en 1997. Por eso le hemos pedido al TSJC que nos aclare el asunto". Tal y como había manifestado, Francisco Javier Hernández (PNC), que se mostró tajante a la hora de pedir el cierre inmediato de las canteras previo informe del secretario, reclamó que se decrete también el cierre de las canteras Hermanos Morales y Áridos del Sur "si no aparecen o existen sentencias sobre sus recursos". A su juicio, estas industrias "son las dos vacas sagradas" entre las que operan en los barrancos güimareros "y aquí no puede haber intocables". Todos coincidieron en criticar la demora en la aprobación del Plan Territorial Especial de los barrancos, vía para resolver el problema, y la Alcaldía insistió en que cerrará.