El martes seán cerradas y precintadas las tres canteras de extracción de áridos

EL DÍA, Güímar

Tres de las cinco canteras existentes en Güímar de las que se extraen áridos serán precintadas el próximo martes, según el gobierno municipal. De esta forma, dice que es consecuente con su actuación anterior, cuando el 2 de julio de 1997 la entonces y actual alcaldesa, Vicenta Díaz, decretó el cierre y precinto de todas las industrias güimareras de este tipo por carecer de licencia municipal, y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictara sentencia en firme desestimando el recurso que contra tales medidas interpusieron las empresas afectadas: Extracsa, Fulgencio Díaz y Jurocasa. A ellas se suma Hormigones Tenerife.

A los colectivos políticos y sociales consultados les llama la atención que tales sentencias daten de los años 2000, 2001 y 2002 y que la aplicación del cierre y precinto se lleve a cabo ahora, "cuando se da la circunstancia de que las mismas eran conocidas por el anterior grupo de gobierno". Al menos, así consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA .

El 11 de julio de 2000, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC desestimó el recurso interpuesto por Jurocasa, siendo notificada la misma al ayuntamiento el 28 de febrero de 2001, quedando enterada la comisión de gobierno a la misma el 16 de marzo del mismo año.

El 24 de octubre de 2001, el mismo tribunal dicta en igual sentido el recurso de Extracsa, lo que notifica a la corporación municipal en marzo de 2002, cuya comisión de gobierno queda enterada el 19 de abril siguiente.

Fue el 28 de febrero de 2002 cuando se repite la misma situación con el recurso interpuesto por Fulgencio Díaz, sentencia notificada al consistorio el 14 de mayo del mismo ejercicio, decretando la Alcaldía el 31 de igual mes que queda enterada de la misma.

No se obliga

"Estas sentencias suponen un respaldo judicial a la tesis que siempre hemos mantenido y defendido", manifiesta el vicepresidente de la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, Francisco Lorenzo, quien también entiende que "en ninguno de los casos se obliga a cerrar las canteras de áridos, sino que el tribunal lo que hace es aceptar el decreto de la Alcaldía de cierre y precinto de las mismas".

En cualquier caso, considera que "se da un paso adelante en la necesidad de intentar normalizar la situación de las extracciones, porque este mes ha sido aprobado definitivamente el Plan Especial Territorial de los Barrancos y corresponde ahora a las administraciones, que poco han hecho por solucionar el problema, ponerse las pilas y aplicar el contenido de dicho plan".

Sin embargo, el actual grupo de gobierno desconoce si existe alguna otra sentencia que afecte a las dos restantes empresas extractoras que operan en Güímar. Se da el caso de que el 7 de febrero de 2001, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ordenó la suspensión de las obras de extracción de áridos que realizaban en la Cantera Badajoz, Jagua y Llano Grande las empresas Áridos del Sur, SA, Extracsa y Áridos Atlántico, SL, por hacerlo "sin la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial". Esta medida tampoco se hizo efectiva, según consta.

Con posterioridad a las sentencias conocidas ahora, el anterior grupo de gobierno alcanzó y firmó acuerdos con las empresas extractoras de áridos y recibió las cantidades económicas comprometidas para realizar obras en el municipio derivadas del acuerdo suscrito en noviembre de 1999, tras el bloqueo vecinal de los accesos a las canteras existentes.

Francisco Hernández Armas, actual concejal del PNC y edil del PP en el momento (1997) en que la Alcaldía decretó el cierre y precinto de las extracciones de áridos, considera que la medida a aplicar en los próximos días "ha de ser completa y se deben clausurar todas las canteras, porque todas están en la misma circunstancia", y así lo pide. En cualquier caso, considera que es necesario que el ayuntamiento disponga de un informe jurídico previo que ha de emitir la Secretaría General "para evitar incurrir en errores que deriven en otros conflictos judiciales e impidan el cierre inmediato de estas canteras". A su juicio, toda la corporación de la legislatura anterior "conocía la existencia de las sentencias, porque de ellas fue informada la comisión de gobierno y el Pleno". Asimismo, considera que ha existido un grave error "porque el decreto de 1997 debió ser efectivo desde su firma, aunque fuera recurrido, porque sólo un juez puede dictar la suspensión de su ejecución. Y eso no se hizo, sino que comenzaron a negociar con los areneros esperando que nadie levantara la liebre sobre la existencia de estas sentencias". Por tanto, "el único culpable de que no hayan sido cerradas antes no es Rigoberto González, el ex alcalde".