EL ALCALDE DE ARONA ACABA de lanzar una llamada de auxilio a través de las páginas de este periódico cuando afirmó, ayer, miércoles, que su municipio no puede soportar tasas de crecimiento poblacional del diez por ciento cada año, con un censo actual que ronda los 65.000 habitantes contados, a los que hay que añadir unos cuantos miles más que están sin registrar.
Con todos los miramientos del mundo, con la conciencia de que un hombre público no debe hacer demagogia ni sembrar alarmas injustificadas, José Alberto González era claro y contundente en su exposición: si nadie es capaz de parar este flujo de personas, la calidad de servicios básicos como la sanidad y la educación caerán a niveles inaceptables.
Después de reconocer que Arona fue en otro tiempo emisora de emigrantes y que ahora necesita a los que han venido de fuera para mantener su éxito económico, el alcalde pide una serie de medidas para controlar ese flujo diario de inmigrantes que llega a su municipio. Las que reclama ya se contemplan en la Ley de Extranjería, por tanto, lo único que quiere es que se cumpla la legalidad.
Y Arona, aparte de ser una de las dos o tres poblaciones más afectadas en Canarias por el fenómeno del crecimiento demográfíco incontrolado, tiene autoridad moral para exigir ese apoyo urgente de la Administración, porque ya está haciendo todo lo que está en su mano, y algo más, para que a ninguno de sus vecinos, sea autóctono o forastero, le falte lo más elemental. El propio ayuntamiento está gastando de sus arcas importantes sumas en conceptos que van más allá de lo exigible a una administración local, como billetes de avión y material sanitario.
¿Dejarán los poderes públicos que la bomba demográfica estalle en Arona o escuchará el SOS de José Alberto González y aplicarán medidas excepcionales a un situación excepcional?
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