¡Manos arriba, que vienen los libros!

LOS LIBROS de texto y el material escolar de los niños se han convertido en un atraco a mano armada a los padres, consentido y favorecido por un sistema que no funciona. Es como la cuesta de enero pero en septiembre y mucho más empinada.

Y no hablo de oídas sino como víctima: los libros de mi hija que está en secundaria costaron 300 euros o, para entendernos, 50.000 de las antiguas pesetas, y los de mi hijo, en primaria, 150 euros, o sea 25.000 pesetas. Y mi mujer me avisa que todavía falta el material escolar.

Además de ser un abuso evidente y discriminatorio para los niños de familias más humildes, es ilegal porque contraviene la ley más importante, la Constitución.

La Constitución dice: "todos tienen derecho a la educación" (art. 27.1), "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita" (art. 27.4) y "los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes" (art. 27.8). Pues bien, con estos precios, ni se garantiza el derecho fundamental a la educación, ni la gratuidad de la enseñanza, ni los poderes públicos están inspeccionando un carajo para que se cumpla la Constitución.

Hay que buscar una solución urgente y definitiva: ayudas para libros, abaratamiento de los precios, o si es necesario que la Comunidad se convierta en editor de los textos para evitar que las editoriales hagan negocio con la educación de nuestros hijos. Lo que sea, menos lo que está pasando.

¿Se acuerdan de la polémica de los medicamentos genéricos que tenían los mismos principios activos que los de las grandes compañías, pero costaban infinitamente menos? Pues si los contenidos de los libros son los mismos para todos los niños y se pueden fabricar mucho más baratos, ¿porqué estamos pagando la marca?

Mientras tanto, algunos ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, se han dado cuenta e intentan corregir este disparate pagando ellos los libros, pero ésa no es la solución porque sus competencias son otras. Y cada administración debe hacerse cargo de sus competencias.

Se necesita un gran acuerdo entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas para que los libros de los niños dejen de ser un problema económico para los padres.

En un estado social como el nuestro que propugna la igualdad (Constitución, art. 1.1), todos los niños deben tener las mismas oportunidades de educación, por lo que el factor económico no puede influir para nada sino el esfuerzo de cada niño. Y me refiero al esfuerzo intelectual, no al físico, porque los libros aparte de caros son muchos y los niños van al colegio tan cargados que algunos llevan mochilas con ruedas para poderlas arrastrar. Pero ésa es otra historia.