EL DÍA, S/C de Tenerife
El presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Canarias, Eduardo Bezares, confía en que "en breve", el Gobierno autónomo pueda hacer efectiva "de forma significativa, una reducción de los costes interinsulares para el transporte de mercancía por vía marítima y aérea", con el fin de que se asimile al del transporte terrestre en el territorio continental.
Tras el primer encuentro que mantuvo recientemente Bezares con la nueva directora general de Transportes, Rosa Dávila, que calificó de "muy positivo", manifestó que esta posibilidad podría convertirse en realidad, al estar en línea con la sensibilidad mostrada, en sus primeras declaraciones, por el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro, en sus primeras declaraciones, hacia los costes de la doble insularidad.
En opinión de Bezares esta previsible reducción supondría un logro de cara a favorecer la cohesión social del mercado interior y la competitividad de los sectores primario y secundario de la economía canaria.
Centrado en el consumidor
El titular del Consejo de Usuarios de canarias puntualizó que, antes de entrar a modificar sustancialmente las directrices que regulan el apoyo económico que el Ejecutivo Canario realiza, a través de la Dirección General de Transportes, al transporte de mercancías, éste debería "tratar de cambiar la escala de la dotación", con una cuantía que "realmente sea importante respecto a los costes de transporte soportados por las empresas".
Bezares insistió en que el Ejecutivo debe reconsiderar quién debe ser el destinatario primero de la ayuda. Al respecto, apuntó que para ello el Gobierno Canario deberá analizar qué eslabones de la cadena de suministro que va desde el proveedor al consumidor puede garantizar mejores condiciones de libre mercado y competencia. De esta forma, apuntó, se garantizará que esas ayudas puedan redundar efectivamente en beneficio del consumidor final, a través de una reducción de sus costes.
De lo contrario, señaló, una compensación económica centrada en otros tramos contribuirá únicamente a fomentar las ineficiencias, sin que el consumidor pueda ser consciente de una repercusión final en el precio. Asimismo, dijo, esto conllevará también el compromiso del Gobierno autónomo de estudiar un incremento del presupuesto destinados a ayudas, que en estos momentos se sitúan en torno a 1,2 millones de euros anuales.
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