MI ARTÍCULO del pasado domingo, que, al parecer, ha resultado de un cierto interés para un determinado tipo de lectores, me ha impulsado a clarificar otro punto que aborda la Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el Cardenal Ratzinger, en la línea trazada ya por el Concilio Vaticano II.
Se trata de las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia - o la comunidad eclesial - en los diversos niveles en que pueden y, de hecho, se dan estas relaciones: parroquia, Iglesia Diocesana, nivel nacional y nivel internacional. (Conste que esto de los niveles lo añado yo por cuenta propia, aunque estimo que lo hago en perfecta coherencia con los principios que nos señala tanto la nota como la constitución Conciliar Gaudium et Spes).
La nota nos habla de la "laicidad", entendida como autonomía de la esfera civil y política de la esfera religiosa y eclesiástica - nunca de la esfera moral - y de esa laicidad se nos dice que es "un valor adquirido y reconocido por la Iglesia" y que "pertenece al patrimonio de civilización alcanzado". De hecho, se nos dice que Juan Pablo II "ha puesto varias veces en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política".
A este respecto, me complace subrayar un texto de la Constitución GS del Concilio Vaticano II, texto que, por cierto, sirvió de guía a la Iglesia en España a la hora de perfilar su actitud en la transición hacia la democracia por los años setenta: "La comunidad política y la iglesia - nos dice el Concilio - son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno". Con autonomía e independencia, pues, deben relacionarse siempre. Cualquier intromisión de una instancia en lo que es propio de la otra no puede ser aceptada y derivaría en la confusión que Juan Pablo II quiere evitar, precisamente.
Ahora bien: esta mutua independencia y autonomía entre las instituciones civiles y eclesiales, en cualquier nivel, no impide, sino que postula, una estrecha cooperación, porque, como afirma el Concilio Vaticano II, ambas instituciones, "aunque sea por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Y este servicio lo realizarán con mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo". (GS 76).
Desde esta perspectiva, se afirma en la Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, "todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de los actos de culto y sacramento, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.) quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público". Igualmente, se afirma en la nota que "el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos".
En conclusión: que hoy, gracias a nuestra Constitución - que, por cierto, es aconfesional, pero no laicista - y gracias a la actitud profundamente respetuosa de la Iglesia hacia lo que es propio de la sociedad civil así como a la actitud profundamente respetuosa de la sociedad civil y de sus legítimos representantes hacia lo que es propio de la comunidad eclesial, caben, y pueden ser más que buenos para ambas instituciones, un profundo respeto a su mutua independencia y autonomía, en su propio terreno, y una estrecha cooperación a favor del bien integral - temporal y eterno, cívico y religioso - de los ciudadanos. Sin confusión de esferas. Sin confrontaciones improcedentes. Sin luchas anacrónicas y estériles. En una sana laicidad y una sana cooperación.
Así he intentado vivirlo yo en esta diócesis en los más diversos niveles: ayuntamientos y parroquias, asociaciones de vecinos y parroquias, cofradías y ayuntamientos, cabildos insulares y parroquias, cabildos insulares y Obispado, Gobierno de Canarias y Obispado... Así he tratado de vivirlo, repito, y me complace no poco comprobar que han sido muchos los frutos de una sana, pública y transparente cooperación entre instituciones civiles y eclesiales al servicio del bien integral de los mismos ciudadanos.
Es, me parece, una situación correcta desde todos los puntos de vista. Es un logro de la democracia y de una correcta concepción de la libertad religiosa. Resultado de un acertado planeamiento. Aunque no esté todo dicho con lo escrito aquí, me parece bueno haber tenido la oportunidad de escribirlo y recordar esa nota que no debiera quedar ignorada ni menospreciada ni, mucho menos, rechazada por nadie.
* Obispo de Tenerife
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