LA PROPUESTA DE reforma de la Política Agraria Común (PAC) conocida recientemente tiene como fin, tal y como reza su título oficial, dotar a la Unión Europea de "una perspectiva política a largo plazo para una agricultura sostenible". Así pues, su objetivo es hacer una revisión a medio plazo, sobre todo en el mercado de la carne y de los cereales, toda vez que están provocando problemas de excedentes de producción, de dislocación de mercados y malos precios.
Entendemos que cuando se proyecta esta reforma se hace, entonces, sobre un diagnóstico previo de la situación agraria europea para evitar los efectos perversos de la situación descrita para los hombres del campo. Pero en las Islas, el diagnóstico no es éste pues, bien al contrario, el problema esencial del agro canario es el déficit de autoabastecimiento del mercado interior, lo que se traduce en una fuerte dependencia de las importaciones. Baste citar que nuestro sector ganadero, por ejemplo, sólo satisface el 9 por ciento de la demanda láctea, cárnica y de huevos. La reducción del citado déficit se convierte, entonces, de interés estratégico en el Archipiélago.
Esta situación empeora aun más si tenemos en cuenta los esfuerzos realizados en la senda de dinamizar las actividades agrarias destinadas al autoabastecimiento, a través de los denominados POSEICAN Interior y Sobre Ganadero aprobados en el segundo semestre del pasado año, iniciativas que quedarían abortadas por esta reforma.
Además, la concepción de esta nueva PAC tendría otras consecuencias perniciosas para Canarias. Los efectos sociales serían negativos al detraerse las ayudas directas sin contrapartidas en nuevas líneas, lo que sería un elemento desincentivador a las nuevas incorporaciones al sector y una merma importante de las ayudas al desarrollo rural, lo que también repercutiría en un descenso de la mano de obra dedicada a las labores agrarias.
En lo que respecta al plátano, cuya producción en las Islas sólo representa el 9,5 por ciento del consumo en el mercado comunitario, la modulación de las ayudas traería como consecuencia que, finalmente, quienes sufrirían la detracción de las mismas serían los agricultores más débiles, que encajarían con menos capacidad de resistencia la merma de ayudas.
En resumen, las ayudas que nuestro sector primario recibe en la actualidad no se verían sustituidas por nuevas líneas y, como las mismas estarían ligadas a las explotaciones y no a las producciones, se produciría además un movimiento especulativo que encarecería la tierra mermando todavía más el atractivo de invertir y ocuparse en las actividades agropecuarias. Con esta propuesta de reforma, consiguientemente, habríamos desandado el camino hecho en los últimos años y nos encontraríamos en el peor de los escenarios posibles.
Sin embargo, Canarias cuenta con la salvaguarda que supone el artículo 299.2 del Tratado de la Unión y estamos convencidos de que, con el apoyo de todos los sectores implicados, las autoridades comunitarias sabrán atender con sensibilidad nuestras especificidades ante la evidencia de que lo que efectivamente es prudente para los territorios continentales es lo inconveniente para los territorios ultraperiféricos y que, por lo tanto, esta es necesariamente una reforma inasumible para nuestra Comunidad Autónoma. En este empeño trabajamos.
* Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias
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