El Pleno del Parlamento regional aprobó ayer la ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de Canarias, cuyo fin último es la regulación y salvaguarda de los derechos de los consumidores y usuarios, después de rechazar la mayoría de las enmiendas al texto que mantenía el Grupo Socialista.
Una de las novedades que aporta la ley es el establecimiento de un modelo único de hoja de reclamaciones para todos los sectores económicos y profesionales, al tiempo que prevé inspecciones preventivas.
El Estatuto establece, además, diversos mecanismos para que empresas y consumidores resuelvan voluntariamente sus posibles conflictos en esta materia apoyándose en un sistema arbitral de consumo.
Asimismo, encarga la creación del Consejo General del Consumo de Canarias, con el fin de que sirva de impulso a todas las medidas que se tomen a partir de ahora en materia de consumo, así como el nacimiento de la Comisión Canaria de Consumo, futura encargada de velar por la coordinación entre las asociaciones de consumidores y usuarios.
Entre los derechos que la ley reconoce a estos últimos destacan los de su protección frente a los bienes o servicios que afecten a la salud, seguridad o calidad de vida, y el que garantiza su acceso a una información veraz y suficiente en materia de consumo.
En este capítulo, la ley reserva una especial protección a los colectivos o usuarios que estén en una situación de inferioridad, indefensión o desprotección.
Régimen sancionador
Asimismo, el Estatuto regula las obligaciones que contraen las distintas administraciones del Archipiélago en esta materia. El Gobierno de Canarias se reserva en exclusiva la potestad de establecer sanciones que varían entre los 3.000 euros en los casos más leves, hasta los 600.000 previstos para los muy graves.
Otra de las novedades previstas en la ley establece la posibilidad de que los consumidores y usuarios formalicen directamente a las administraciones públicas las denuncias sobre hechos que consideren ilícitos.
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