Afrontar la inmigración en Canarias

VIVIMOS UN MOMENTO histórico en el marco de la consolidación de la Unión Europea. Con motivo de la ampliación, y para la simplificación de los diferentes tratados de la UE, la Convención está elaborando y ha presentado ya el esqueleto de lo que será la Europa del futuro, que se concretará en unos pocos meses en la nueva Constitución y que alcanzará su punto álgido en la Conferencia Intergubernamental de 2004. Después de 50 años, los europeos y los canarios tenemos una oportunidad única e irrepetible de introducir los cambios que consideremos necesarios a fin de garantizar nuestra supervivencia y nuestro desarrollo.

Tres grandes bloques diferenciados forman parte del anteproyecto de la Constitución Europea que presentó el presidente de la Convención, Valery Giscard d Estaing: el de las cuestiones constitucionales, el de disposiciones generales y el de políticas de la UE. Es en este tercer bloque donde radica la propuesta que expongo a continuación:

El último debate que, sobre el estado de la nacionalidad en Canarias, se produjo en la Cámara Autonómica, hizo frente, creo que de forma valiente, al peliagudo problema de la inmigración desordenada y desproporcionada y a la búsqueda de soluciones para el enorme problema de futuro que se nos plantea por el crecimiento excesivo de la población y la imperiosa necesidad de proteger nuestra biodiversidad, un patrimonio irremplazable y frágil por donde se mire, así como nuestros recursos naturales, en el límite de su capacidad de carga medioambiental.

Lamentablemente, cada vez que se presentan estos debates ante la sociedad y dentro de la política parlamentaria, surgen esas voces que no encuentran mayor solución que tildar de xenófoba cualquier propuesta que no sea mirar hacia otra parte. Ésas sí son voces irresponsables, porque ven el problema pero sólo aciertan a llenarse de adjetivos de descalificación sin más.

El mismo tema se debatió recientemente en el Senado, donde el ministro del Interior, Ángel Acebes, respondió al senador de CC Alonso Arroyo sobre la coordinación del control europeo de la inmigración por mar y aeropuertos y en el Congreso de los Diputados, donde CC solicitó el aumento del presupuesto para inmigración y ayuda al desarrollo. En la Cámara Europea, a su vez, el debate sobre la inmigración es una constante; recordar el deseo del Parlamento expresado en su resolución de 25 de octubre de 2000 de que la Unión Europea tome en consideración el problema de la inmigración ilegal en las RUP, que constituyen fronteras exteriores y, por consiguiente, puntos de entrada en su territorio.

Es en todos estos ámbitos, en los que se intenta al menos reflejar la preocupación de la sociedad en su conjunto, donde tenemos que insistir de forma clara y precisa. Canarias, antaño tierra de emigrantes y hoy de inmigrantes, región ultraperiférica, alejada y fragmentada, frontera exterior de la Unión Europea y con un estatuto especial en la UE, tiene mucho que decir... Y creo que hay argumentos suficientes, con poco que se mire las diferentes legislaciones, el Estatuto de Autonomía, la Constitución española y los tratados de la Unión Europea, como para precisar una posición coherente y justificada. Las bases jurídicas podrían ser:

-El artículo 138.1 de la Constitución española, sobre el hecho insular.

-El art. 25.4 del Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas.

-El art. 37.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, sobre residencia y trabajo de los extranjeros.

-El apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE sobre circulación de personas, servicios y capitales.

-El título III del Tratado CE sobre libre circulación de personas, servicios y capitales.

-El título IV del Tratado CE sobre visados, asilo, inmigración y otras políticas en relación con la libre circulación de personas.

-La resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2000 sobre el informe de la Comisión Europea referido a las medidas y las estrategias destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE en las Regiones Ultraperiféricas.

Estas bases jurídicas introducen el hecho insular a la hora de fijar o establecer la solidaridad prevista para los territorios insulares en la Constitución española y tienen en cuenta las circunstancias singulares de Canarias a la hora de su integración como Comunidad Autónoma de España en las Comunidades Europeas al objeto de minimizar las incidencias negativas, sociales, económicas y medioambientales, que pudieran derivarse de ello.

Es necesario recordar que, tal como sucedió en un reciente pleno del Parlamento de Canarias en el que se pidió a los Gobiernos regional y central que hagan gestiones para que la UE busque soluciones al dilema entre cuidar la biodiversidad y mantener el actual crecimiento poblacional, el Gobierno de Canarias puede proponer al Gobierno de España propuestas concretas en relación al trabajo y residencia de los extranjeros, tal como se contempla en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Hay que tener en cuenta que el Consejo de la Unión Europea puede adoptar medidas especiales en las regiones ultraperiféricas de la UE como consecuencia de las desventajas que el hecho ultraperiférico conlleva, entre otros factores por ser puerta de entrada de la UE y por su proximidad a territorios de donde proceden emigrantes. Y, sobre todo, que la inmigración es un fenómeno que caracteriza a la sociedad de las RUP por su proximidad geográfica a terceros países.

Sigamos mirando la legislación vigente, y basta con dos ejemplos: en el art. 39 del Tratado CE subyacen limitaciones a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad por razones de orden público, seguridad y salud públicas. El art. 61 y siguientes del Tratado CE establece que el Consejo de la Unión Europea adoptará una serie de medidas relacionadas con la libre circulación de personas, así como de acompañamiento directamente vinculadas con la misma y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.

Los ciudadanos de Canarias están convencidos, en una gran mayoría, de que la capacidad de carga medioambiental de Canarias está llegando a su umbral final, y los políticos debemos asumir la responsabilidad de actuar con valentía. En ese sentido se enmarca la moratoria turística dentro de las directrices de Ordenación General de todas y cada una de las Islas, avaladas por la necesidad impostergable de proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales, y fundamentada en la fragilidad y vulnerabilidad de las Islas.

Estamos en una nueva etapa de transición de la UE, que algunos pueden ver con escepticismo y otros con cierta expectativa. Pero a la UE hay que arrancarle acuerdos favorables y la Conferencia Intergubernamental de 2004 es decisiva porque llevará a cabo una reforma puntual de los tratados en algunos ámbitos. Y ello sería una buena oportunidad para incluir un protocolo específico para Canarias en materia de residencia y trabajo de nacionales de Estados miembros.

Todo esto no significa desconocer el valor y el enriquecimiento cultural que supondría para Canarias una inmigración regular y ordenada ni obviar los requisitos de la UE en materia de trabajadores y libertad de circulación.

Por todo ello, considero imprescindible que el Gobierno de Canarias:

1. Adopte una estrategia canaria orientada a regular el desmesurado crecimiento poblacional y la inmigración desproporcionada en relación al desarrollo sostenible en Canarias.

2. Solicite del Gobierno del Estado que adopte propuestas concretas para que:

a) El Consejo promueva la inclusión en la futura constitución Europea de un reconocimiento específico a las singularidades de la capacidad de carga del territorio canario y al establecimiento de medidas de control de su crecimiento poblacional; especialmente ante la posibilidad de que el proceso de ampliación de la Unión Europea acreciente los flujos migratorios hacia el Archipiélago. Todo ello en desarrollo de la vía del artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía, que otorga a Canarias la capacidad de proponer y llegar a acuerdos con el Gobierno de España en materia de residencia y de trabajo de extranjeros, diferenciando claramente los comunitarios de los extracomunitarios, como fórmula de impulso de éstas y cualesquiera otras medidas que faciliten el control poblacional en las Islas.

b) La Comisión Europea, con ocasión de la Convención que se está celebrando para definir el futuro de Europa a través de la elaboración del Tratado Constitucional de la UE, y tal como se prevé en el artículo 25.4 del Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas: lleve a cabo una propuesta para la adaptación del Régimen de Integración de Canarias en Europa mediante un Protocolo Específico para Canarias en materia de residencia y trabajo de nacionales de Estados miembros.

* Diputado europeo de

Coalición Canaria