La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha emitido, en los primeros nueve meses de 2002, un total de 411 expedientes por irregularidades urbanísticas cometidas en la Isla de La Palma, lo que, a estas alturas del año, ha supuesto superar, con creces, las actas levantadas durante 2001, que ascendieron a 345, principalmente en el capítulo de viviendas de autoconstrucción.
Estos datos, aportados en días pasados por el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Fernando González, durante una comparecencia en comisión parlamentaria, a petición del Partido Popular, demuestran , según el responsable del área, que "la falta de coordinación entre las administraciones canarias está dificultando la pretendida reducción de las infracciones urbanísticas", valorando como positivo el trabajo desempeñado por la agencia, el cual calificó de "valiente", a pesar de los recelos que suscita entre la población y la propia administración local.
"Inoperancia institucional"
Al respecto, la diputada regional del PP por La Palma, Noelia García Leal, entiende que "son las instituciones las que tienen que comenzar a dar ejemplo, aportando el primer paso para sacar adelante los planeamientos municipales a fin de evitar estas actuaciones que, en su gran mayoría, responden a la necesidad de los palmeros de tener una vivienda digna, mientras que la administración se dedica a perseguirles como si fueran delincuentes". Lo curioso, añadió la diputada, es que "el proceso es bastante claro, los vecinos se dirigen al Ayuntamiento de turno a solicitar una licencia de construcción, la cual no puede ser emitida porque no existe planeamiento, y el alcalde le suele decir que construyan, por lo que luego se encuentran con el precintado de la obra, la correspondiente sanción y el miedo que surge por la posibilidad de que ésta sea derruida".
Ante todo esto, afirma García Leal, "con lo que nos encontramos es con una Administración inoperante que es incapaz de sacar adelante los planeamientos municipales, lo que sirve de causa principal para que la Isla de La Palma sea la única en la que las irregularidades urbanísticas aumenten".
En ese sentido, el consejero aseguró que "se está intentando, en la medida de lo posible, dar cabida, dentro de las revisiones de los planeamientos y su adaptación a la Ley del Territorio, a todas esas viviendas, por lo que se han rechazado algunos planes generales porque los ayuntamientos no han tenido en cuenta la situación de esas viviendas".
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