El Juzgado de lo Penal número Cuatro de esta Capital ha absuelto, aunque la sentencia aún no es firme, a un hombre acusado de dos presuntos delitos continuados de agresión sexual en las personas de su hijastra y en la de su propia hija menor de edad, ocurridos en Santa Cruz de Tenerife, y que se dieron a conocer a través de una denuncia presentada en junio de 2000.
Esta vista oral se suspendió el día 6 de mayo, al solicitar el Ministerio Fiscal la celebración del juicio por vídeo - conferencia, dado el estado de nerviosismo que presentaba la menor cuando vio a su padre en el pasillo del Palacio de Justicia.
Los hechos
Según consta en la sentencia del caso "el 23 de junio de 2000, la ex esposa del acusado presentó una denuncia donde decía que en fechas no determinadas, pero entre 1996 y octubre de 1999, el inculpado había abusado sexualmente de su hijastra, con quien convivía, sometiéndola a tocamientos tanto en los pechos como en sus órganos genitales. Además, también le acusaba de abusar de su propia hija de ocho años, no habiendo quedado suficientemente acreditados los abusos denunciados".
Según consta en el texto legal, "la cuestión esencial consiste en determinar si existen pruebas válidas y eficaces para considerar jurídicamente acreditada la existencia de los delitos de abusos sexual".
Las únicas pruebas directas que pueden arrojar luz sobre lo sucedido consisten tanto en las declaraciones de la denunciante y madre de las víctimas como con las propias afectadas, pero según el juzgador, "en los informes psicológicos no se han apreciado secuelas emocionales o psíquicas".
La petición de las partes
El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de dos delitos continuados de abuso sexual, por los que solicitaba dos años de prisión por el primero, y una multa de un año con cuota diaria de seis euros por el segundo delito, debiendo indemnizar el acusado a las perjudicadas menores en 3.005 euros por los daños morales causados. Además, se solicita que se le inhabilite el ejercicio al derecho de la patria potestad respecto a su hija menor por un tiempo de seis años. Por su parte, la acusación particular calificó los hechos como dos delitos de abuso sexual y pidió dos años de prisión para el primero, en la persona de su hijastra y, en el de su hija, dos años de multa, cifrando la indemnización en 6.010 euros para cada una de las víctimas. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución para su patrocinado.
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