La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió ayer el juicio contra un hombre que se ha conformado con una pena de siete años y un día de prisión al reconocer que había estafado a más de una treintena de personas apropiándose de un total de 755.530 euros (125.711.000 pesetas), entre 1999 y 2000, en distintos puntos de la Isla.
La conformidad con la pena conllevó que el juicio no se celebrara, ya que las estafas afectaron a más de 30 personas y se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares y defensa, acatando el acusado el acuerdo.
Según consta en el escrito del acusador público, "el inculpado, ejecutoriamente condenado en enero de 1995 por otro delito de estafa a una pena de nueve años de prisión, ideó entre los meses de marzo de 1999 y agosto de 2000 captar clientes para apropiarse de sus fondos, abrió ocho oficinas inmobiliarias en distintas poblaciones de la Isla, figurando como único propietario, instalando, concretamente, tres en esta Capital, dos en Puerto de la Cruz y otras tres más en el Sur de Tenerife". Una vez instaladas las oficinas se dedicó a captar clientes, directamente o a través de empleados.
Duros a cuatro pesetas
En uno de los casos, las presuntas adquisiciones de viviendas a bajo precio se iba a efectuar a través de subastas judiciales a las que, teóricamente, el acusado decía que iba a acudir. En dichos supuestos firmaba con los clientes un contrato denominado "de intervención", mediante el cual y previa recepción de diversas cantidades de dinero, el acusado se comprometía a adquirir para ellos una casa concreta en un plazo máximo de seis meses. En otros casos firmaba un contrato de compra - venta en el cual figuraba como propietario de las mismas, casas que supuestamente estaban libres de cargas y gravámenes.
En el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, "ninguna de las operaciones concertadas por el acusado en ese período de tiempo llegaron a efectuarse, ya que ni acudió a subastas judiciales alguna ni era dueño de las casas, siendo todo ello un montaje efectuado por el acusado para apoderarse del dinero recibido de los clientes, que acudían a las oficinas y estaban cerradas".
Lo reconoció todo
El importe total retenido por el acusado asciende a 755.530 euros al reconocerse autor de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. Ángel Ripollés, uno de los letrados de las acusaciones particulares, manifestó a EL DÍA que "el acusado reconoció los hechos que se le imputaban, así como las cantidades apropiadas. Al acusado le serán abonados los dos años que ha cumplido como preso preventivo, teniendo la posibilidad de que los perjudicados en la estafa puedan demandar al Estado reclamando las cantidades debitadas toda vez que el condenado cometió el delito en el momento en el que se encontraba en libertad condicional".
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