NO es un problema MENOR

La Asociación Canaria de Mujeres Juristas ha puesto en marcha una campaña que pretende sensibilizar a la opinión pública sobre el problema social que representan los malos tratos y las agresiones sexuales a los menores.

Desde el conocimiento de sus asociadas, este colectivo ha hecho acopio de las experiencias vividas en el ejercicio profesional para denunciar la existencia de "un ominoso silencio y una culpable ineficacia" por parte de los poderes públicos, explicaba su presidenta María Dolores Pelayo.

En su opinión, "los menores reciben una inadecuada, por no decir inexistente o insufiente protección por parte de los poderes públicos", haciendo énfasis en la actuación de jueces y fiscales.

Las consecuencias devastadoras para la víctima de una agresión sexual se agravan con el tratamiento que reciben los menores a través del actual proceso judicial.

La exploración y el interrogatorio ante el juez se realiza con los abogados y el fiscal presentes, "pero sin la asistencia de un psicólogo, o bien de alguna persona que pueda inspirar confianza".

Tampoco la Ley del Menor alivia esta situación. "La desgracia es que, a medida que ponemos en práctica las normas, nos damos cuenta de las carencias que existen".

Además, se añade la dificultad de probar la culpabilidad del acusado en este tipo de delitos. "Es la palabra de la niña contra la del agresor".

Sensibilidad

María Dolores Pelayo echa en falta "una mayor sensibilidad por parte de los jueces para determinar que, mientras no se llevan a cabo los tratamientos psicológicos adecuados, se mantenga en suspenso, por ejemplo, el régimen de visitas", explicó.

Incidió la jurista en un aspecto cultural: "Todavía hoy tenemos que luchar por un concepto que subyace, el derecho patrimonial, en algunas decisiones en las relaciones padre - hijos".

La privación de la patria potestad o la suspensión del régimen de visitas "sólo se adopta en casos extremos, aún cuando exista un parte de lesiones o un certificado médico acreditando la rotura del himen. Pero hasta que se pone en marcha el sistema hay un vacío y poca prisa, parece ser, y cuando prima el principio de presunción de inocenia se archiva el asunto y no se adoptan medidas de prevención", explicó.

Han surgido muchos casos, pero se reservan en el seno familiar. Existe desconocimiento sobre cómo afrontar estas situaciones. Normalmente, las víctimas acuden a un psicólogo, que les recomienda visitar a un médico de confianza que preserva la intimidad del suceso.

Los psicólogos

"El problema se empieza a denunciar y se percibe en los despachos de los psicólogos, que son quienes descubren, en el ejercicio de su especialidad, estas realidades".

En tal sentido, la Asociación ya se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado solicitando se dicten circulares para que en aquellos procesos en los que se cuestione la integridad física del menor, o haya habido agresiones sexuales, el Ministerio Público haga prevalecer siempre la primacía del interés de los menores, antes que preservar el derecho de presunción de inocencia del supuesto agresor.

Además, han solicitado al Gobierno Autónomo que ejerza la acción popular, personándose en todas las causas en las que se persigan delitos de malos tratos o abusos a menores, y que se dote a la Justicia de los medios personals y técnicos adecuados.

Al respecto, consideran imprescindible dotar a la Administración de Justicia en Canarias de los médicos forenses necesarios, de forma que las víctimas tengan asistencia en el momento preciso y no, como está sucediendo en muchos casos, que esta intervención se produzca cuando ya han desaparecido o atenuado los rastros de violencia.

La Asociación también ha pedido a la Consejería de Asuntos Sociales que considere la oportunidad de llevar a cabo un convenio con la Viceconsejería de Justicia para dotar de especialistas en menores a los tribunales.