El vicepresidente primero del Gobierno Central y ministro de Interior, Mariano Rajoy, destacó ayer que a los inmigrantes que están en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura se les trata "como lo que son, como seres humanos".

Rajoy, que se desplazó a Toledo para asistir al nombramiento como "hijo predilecto" del ciclista Federico Martín Bahamontes, agregó que los inmigrantes "disponen de asistencia letrada, de la ayuda de Cruz Roja, además de asistencia sanitaria y los mismos derechos que cualquier otra persona".

Preguntado por el nuevo centro que se está habilitando en la Isla para acoger a estas personas, el ministro señaló que el problema de Fuerteventura es que la inmigración y las pateras se han trasladado desde la zona del Estrecho (Tarifa) hacia Fuerteventura y el centro que había se ha quedado pequeño.

Cardenal y la denuncia de IU

Por ello, agregó, "vamos a hacer, de forma provisional, un centro más amplio en la zona conocida como El Matorral, y para después ya hemos acordado con las autoridades de Puerto del Rosario y las de la Isla construir un centro definitivo que va a permitir que haya allí mucha más gente de la que puede estar".

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, informó a IU de que ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias las denuncias de Iz-quierda Unida sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en Fuerteventura.

Según una nota difundida ayer por IU, la secretaría técnica del máximo órgano fiscal remitió el pasado 13 de marzo esta petición a la Fiscalía de Canarias, "a los efectos legales oportunos".

En esta nota, IU recuerda que en la petición que cursó a Cardenal acompañó su de-nuncia a la Fiscalía con informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watchs en los que se "corroboraban las tercermundistas condiciones de vida" a las que los inmigrantes son sometidos en los centros de internamiento ha-bilitados por el Gobierno Central.

Izquierda Unida espera que el Ministerio Público inicie "una investigación rigurosa y profunda" sobre un hecho que "pone en entredicho la capacidad del Estado para dar respuesta a un problema que se agrava cada día", concluye la nota.