Treinta de los 33 empleados de Seguridad Integral Canaria SA demandados por CC.OO tras renunciar a las candidaturas de este sindicato por coacciones de la empresa en las elecciones de octubre de 2001 negaron ayer este hecho ante el juzgado de lo Social Número 5 de Las Palmas.
La demanda, que también va contra la empresa, fue presentada por el vigilante José Manuel Ojeda, delegado de CC.OO, que considera la actuación de la compañía como uno de los "casos más flagrantes de atentado a la libertad sindical".
Ojeda fue despedido por Seguridad Integral Canaria SA y ha solicitado la nulidad del mismo ante los tribunales, por entender que es víctima de "persecución sindical".
El abogado de la empresa negó que ésta participara directa o indirectamente en el proceso electoral, y aseguró que CC.OO "falta a la verdad".
Afirmó, por el contrario, que se falsificaron las firmas de dos de los avales de las candidaturas de ese sindicato y que en las listas de Comisiones figuraban tres trabajadores que no pertenecían a la plantilla, y destacó que estos motivos son los que explican la retirada de las 45 candidaturas.
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