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Domingo, 30
diciembre 2001

?ngel Ripoll?s Bautista

Cauce legal


DESDE EL A?O 1975, con el advenimiento de la Monarqu?a parlamentaria, con el advenimiento de la democracia, no se conoc?an en Espa?a las movilizaciones ciudadanas con determinados fines. Hab?an desaparecido.

Me parece que, con la llegada de la Constituci?n, esas movilizaciones llevaban el sello de la muerte. No eran posibles.

La Constituci?n estableci? el derecho a la huelga. Un derecho constitucionalmente constituido para determinadas reivindicaciones.

Luego, el derecho a la huelga se ha regulado legalmente con el sistema de preavisos, y con el establecimiento de los servicios m?nimos. Se ha discutido mucho. Se han escrito r?os de tinta. Sobre si los servicios p?blicos, digamos de primera necesidad, pueden paralizarse, perjudicando a la sociedad, que nada tiene que jugar en un conflicto entre empresarios y obreros de una determinada actividad. Pero ?ste es otro problema del que alg?n d?a nos ocuparemos ampliamente.

La algarada callejera. Las movilizaciones ciudadanas deber?an estar prohibidas. No es el cauce adecuado para lograr determinadas reivindicaciones. No es la manera adecuada para hacer cambiar unas leyes que han cumplido sus tr?mites reglamentarios para su aprobaci?n. Me parece que el camino adecuado para ello debe de ser el Congreso de los Diputados, y, en su momento, el Senado. Nada puede lograrse con movilizaciones m?s o menos importantes. Ese no es el camino.


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