La autorización otorgada por el Consejo de Ministros a la empresa Repsol YPF para realizar nueve prospecciones en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura se vislumbra como un nuevo escollo en las relaciones de España con Marruecos. Dos de las áreas de exploración están situadas en aguas sobre las que el Reino marroquí planteó al Gobierno español reclamaciones de soberanía.

La primera llamada de alerta del Ejecutivo marroquí se ha centrado en la necesidad de respetar las "leyes y los usos internacionales que obligan a los países vecinos a no delimitar de manera unilateral las fronteras marítimas". En esta declaración, fundamentada en el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, se reclama una "concertación bilateral" para definir las aguas de una forma "justa". España, sin embargo, se ha limitado a fijar una mediana en la extensión marítima comprendida entre las Islas y la costa del Sáhara Occidental.

Las dos pretensiones se mueven dentro de un vacío legal, al no recogerse las características específicas de los dos territorios.

Marruecos, a priori, no tiene legalmente soberanía sobre el Sáhara Occidental, y Canarias no es un Estado Archipielágico, que son los únicos, según la Convención de Derechos del Mar, con capacidad para desarrollar sus aguas interiores y una zona económica exclusiva.

El largo conflicto de la soberanía del Sáhara Occidental subyace de forma latente tras las reivindicaciones de ambos países, que hasta el momento se mantienen dentro de lo que se calificó, por el diputado del PP Alfonso Soriano, en el debate celebrado en EL DÍA, como una "entente cordial".

Soriano sostuvo que "si a Marruecos se le reconociera las aguas frente al Sáhara Occidental como suyas, firmaría en el momento". Insistió en que "no existen problemas graves con el país alauí y que al amparo de la norma general de la mediana se han concedido las licencias para las exploraciones petrolíferas.

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