El coordinador de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes y secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), Juan Antonio Millán, informó en conferencia de Prensa, del acuerdo de llevar al Tribunal Constitucional la nueva tasa de las gasolinas.

Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, dijo durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que su grupo recurrirá por inconstitucional el nuevo impuesto sobre hidrocarburos. Para Sevilla, crear un nuevo impuesto como el de los hidrocarburos mediante una enmienda a los presupuestos en el Senado "es sencillamente un fraude de ley".

Consumidores y transportistas, que según anunció Millán mantendrán nuevas reuniones el próximo mes, solicitaron ayer una reunión "urgentísima" con Montoro en la que esperan que explique "a donde han ido los 130 mil millones de pesetas que el Gobierno recaudó de más el año pasado por la subida de un 30% en el precio del gasóleo".

Según Millán, la pretensión del Gobierno de introducir este impuesto es "una provocación", ya que los sectores afectados reclaman un gasóleo profesional exento de impuestos, y aseguró que con la nueva tasa el esfuerzo fiscal español será del 3,4%, muy por encima del 2,8% de media comunitaria.

Millán cifró en 250 mil pesetas anuales las pérdidas que sufrirán los propietarios de un camión pesado con esta tasa (4 pesetas más IVA) y 90 mil pesetas los taxistas, aunque en las Comunidades donde se aplique el segundo tramo (8 pesetas más IVA) el gasto aumenta hasta 500 mil pesetas para los camiones y 150 mil para el sector del taxi.

Por su parte, el secretario de la UPA, Fernando Moraleda, indicó que el sector agrario perderá en su conjunto unos 15 mil millones de pesetas en el "mejor" de los casos y más de 28 mil millones de pesetas en el "peor", es decir en las Comunidades que decidan aceptar la segunda opción.

En otro contexto, el director general de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, se limitó a calificar de técnico el encuentro que ayer tuvo con responsables de la Agencia Tributaria para analizar la puesta en práctica del nuevo impuesto que gravará los carburantes. Tanto la AOP como la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que también mantuvo ayer un contacto con expertos de la Agencia, se habían quejado en días pasados de que el nuevo impuesto complicaba los trámites administrativos de petroleras y gasolineras.