El Parlamento Regional constituyó ayer la comisión que estudiará la reforma del Consejo Consultivo de Canarias, que podría estar concluida pa-ra marzo de 2002, según informó el presidente de la Cámara, José Miguel Bravo de Laguna.

Con esta reforma, se pretende aclarar si este organismo, dependiente del Parlamento, se constituye como una especie de Consejo de Estado a nivel autonómico, es decir, un órgano asesor del Gobierno Regional que determine la adecuación de las iniciativas del Ejecutivo a la legislación vigente.

Originariamente, el Consejo Consultivo tenía la función de controlar que las normas legislativas emanadas del Parlamento de Canarias se adecuaban al Estatuto de Autonomía.

Otra opción es que el Consejo Consultivo se mantenga como un órgano equidistante entre Gobierno y Parlamento que se dedique a vigilar la adecuación de las leyes canarias al Estatuto y a la legislación.

La constitución del Consejo Consultivo, actualmente formado por dos miembros nombrados por el Gobierno y tres por el Parlamento, es otra de las cuestiones que previsiblemente abordará la comisión parlamentaria.

Si finalmente el Consejo se constituye como un órgano asesor del Gobierno, es previsible que el Ejecutivo quiera ampliar su composición con la incorporación de un representante de sus servicios jurídicos, explicó Bravo de Laguna.

Para conocer la posición del Gobierno respecto a esta reforma, la comisión convocará a comparecer al consejero de Presidencia, Julio Bonis.

También comparecerá próximamente el presidente del Consejo Consultivo, Aureliano Yanes, para informar del borrador de reforma que ha elaborado este organismo.

Dado que el mandato de los miembros del Consejo concluye en enero, Bravo de Laguna se mostró partidario de mantenerlos en funciones hasta que se apruebe la reforma, para que así los nuevos integrantes sean elegidos ya en función de los nuevos cometidos de la institución.

El Consejo Consultivo cuenta actualmente con solo cuatro miembros, desde el fallecimiento de Gumersindo Trujillo el verano pasado.

Existe criterio unánime entre los miembros de la Comisión para que en la reforma se incluya la exigencia de que los candidatos sean sometidos a un examen parlamentario.