La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, presentó ayer la dimisión de su cargo al considerar que esta institución «no puede seguir sometida al acoso que ha sufrido en los últimos tiempos», a raíz del «caso Gescartera». Valiente aseguró en un comunicado que «me voy no sólo con la conciencia muy tranquila, sino también, y así quedará bien patente muy pronto, con mi honor profesional absolutamente a salvo». La dimisión de Valiente se produce después de conocerse el contenido de los dietarios de la presidenta de «Gescartera», Pilar Giménez - Reyna, en los que se pone de manifiesto las relaciones que tanto Valiente como el ex - secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez - Reyna mantuvieron con la agencia de valores. Estas revelaciones provocaron una oleada de peticiones de dimisión por parte de los partidos de la oposición, especialmente el PSOE e IU.

MADRID (EFE). La juez de la Audiencia Nacional que instruye el «caso Gescartera», Teresa Palacios, ha ordenado el ingreso inmediato en prisión, sin fianza, de la presidenta de esta agencia de valores, Pilar Giménez - Reyna, como presunta autora de los delitos de estafa y apropiación indebida, según el auto.

De esta manera, se cumple la petición del fiscal anticorrupción Luis López Sanz y de la mayoría de las acusaciones, que ayer reclamaron esta medida cautelar ante el riesgo de fuga, la alarma social creada por este caso y por las contradicciones en las que ha incurrido Giménez - Reyna.

Pilar Giménez - Reyna, que había comparecido horas antes ante la Comisión de Investigación del Congreso, reconoció a la entrada de la Audiencia Nacional que se encontraba en un mal momento y que estaba «preocupada y esperanzada en la justicia».

La presidenta de Gescartera ingresará en el centro madrileño de Soto del Real, donde permanece desde el pasado 16 de julio el único encarcelado hasta ahora por el caso, el propietario de la agencia, Antonio Camacho.

Entre los motivos para ordenar su encarcelamiento, la juez reconoce en el auto que, pese al arraigo social de la imputada, que «esta casada, tiene 4 hijos y vive en territorio español», existe riesgo de fuga, ya que puede utilizar el dinero «puesto a buen recaudo en el extranjero» para «financiar su huida de la Justicia».

También estima que el riesgo de «destrucción de pruebas o manipulación de las mismas», recomiendan su ingreso en prisión, pese a que la incautación de su agenda personal demuestra que, por el momento, «no ha hecho desaparecer documento alguno de la sede de Gescartera».

El auto de la juez describe con claridad la actuación de Giménez - Reyna al frente de Gescartera en los últimos años, y se refiere en concreto a abril de 1999, cuando ya sabía que «existía un desfase patrimonial de 7 mil millones de pesetas, frente a unos depósitos de sólo 2 mil millones de pesetas». Desde abril de 1999, el desfase patrimonial de Gescartera aumentó de 7 mil a 18 mil millones de pesetas, y aunque la entonces vicepresidenta conocía la situación, «se comportaba como si nada sucediese».