La sanción para quienes construyen una casa ilegal es del 50 por ciento del valor de la vivienda, además de la paralización y precinto de las obras y su demolición, según explicó Pedro Gómez, director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. En el caso de que el infractor demuela él mismo la vivienda, la multa desciende al 25 por ciento de su valor, mientras que si los constructores rompen el precinto de las obras, la sanción oscila entre los veinticinco y treinta millones de pesetas.

El Gobierno Canario ha detectado un total de 3.706 viviendas clandestinas en el Archipiélago después de que hace cuatro años se efectuase el censo de casas sin legalizar. La mayoría se encuentran en Gran Canaria, con 1.355, seguida de Tenerife (575), Fuerteventura (480), La Palma (451), Lanzarote (390), El Hierro (260) y La Gomera (195).

Pedro Gómez indicó que una vez se culmine la próxima demolición, en Fuerteventura, se emprenderán acciones similares en las islas de La Palma y La Gomera, donde todavía no se ha actuado.