SANTA CRUZ DE TENERIFE (REDACCIÓN). El denominado «caso Icfem» podría terminar en el Tribunal Supremo, si el juez admite la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que preside Carlos Jiménez Villarejo, de interrogar a todos los miembros que en 1997 integraban el Consejo de Administración del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), tal y como adelantó ayer el periódico «Canarias 7».

La actual condición de senador de Froilán Rodríguez, alcalde de Arucas, que en esa fecha ejercía como representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en el citado Consejo, obligará a trasladar al máximo órgano judicial el voluminoso expediente abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria, que sólo podrá citar a declarar al senador de Coalición Canaria (CC) por Gran Canaria si lo autoriza el pleno de la Cámara Alta, previa votación.

La Fiscalía Anticorrupción decidió llamar como imputados a los 22 miembros del Consejo de Administración del Icfem en 1997, tras analizar los acuerdos adoptados y encontrar irregularidades, como la concesión de subvenciones de fomento y de empleo a adjudicatarios que tenían deudas pendientes con la Administración.

Cabe recordar que a finales de junio del pasado año la Audiencia de Cuentas decidió por mayoría - con los votos a favor de los respresentantes del PP y del PSC - enviar a la Fiscalía Anticorrupción el proyecto de informe de fiscalización del Icfem entre los años 1993 y 1997 al apreciar indicios de responsabilidades penales, administrativas y fiscales.

Semanas más tarde, el órgano fiscalizador adjuntó a la documentación que ya había remitido al fiscal Anticorrupción el acta del Consejo de Administración del Icfem de fecha 5 de septiembre de 1997, en el que se autorizó a determinadas entidades iniciar cursos de formación sin haber cumplido con todos los actos administrativos que establecía la normativa.

Entre las personas que formaban parte del Consejo de Administración, aparte del senador Froilán Rodríguez, se encontraban cargos que actualmente ocupan cargos de responsabilidad en el Ejecutivo Autónomo. El consejero de Agricultura, Pedro Rodríguez Zaragoza, era entonces viceconsejero de Administraciones Públicas; Francisco Zumaquero, director general de Transportes, lo era de Trabajo , y Cosme García, actual director general de Presupuestos.

En representación de los Cabildos se encontraba el vicepresidente de la Corporación tinerfeña José Manuel Bermúdez.