SE ha cometido, se está cometiendo todavía, el error de relacionar estrechamente la normativa sobre inmigración - la ley y el reglamento de Extranjería - con la fuerte presión migratoria que estamos experimentando y con la sobreabundancia de «ilegales» en nuestro país. La presunción de que una determinada norma más o menos benevolente produce un «efecto llamada» que atrae a los inmigrantes es ingenua: lo que sí provoca estos movimientos migratorios es el gradiente de desarrollo socioeconómico entre el Norte y el Sur, la inexistencia de oportunidades en los países africanos, que contrasta con la opulencia europea. Si quienes emigran de la miseria y el hambre están dispuestos a jugarse la vida en la aventura, con grave riesgo de perderla en el Estrecho de Gibraltar, es evidente que no se detendrán ante los pormenores de una legislación más o menos restrictiva, que ni siquiera conocen. En consecuencia, el control de la inmigración, absolutamente necesario para que el fenómeno no se desencamine ni adquiera proporciones social y económicamente insoportables, debe conseguirse por otras vías.

Antes de explicitar cuáles son estas vías, conviene dejar sentado que el control de la inmigración no es un designio represor inconfesable, sino una necesidad de cualquier sociedad medianamente organizada, deseosa de mantener los equilibrios internos. Primero, porque la capacidad de integración de inmigrantes no es ilimitada, ni desde el punto de vista económico ni desde el social. Segundo, porque la tolerancia con la inmigración ilegal produce disfunciones inadmisibles, como la explotación de estas personas y la proliferación de mafias. En consecuencia, la conversión de una sociedad homogénea como es la española en una sociedad progresivamente mestiza requerirá una gradualidad que ha de ser administrada con cautela y no dejada al simple azar. Puede decirse, en fin, que el éxito del desarrollo de una sociedad multiétnica dependerá de la prudencia con que se gestione su proceso de formación.

Dicho esto, las vías para controlar la inmigración son, en el caso español, de dos clases, además de las puramente normativas, de efecto como se ha dicho muy dudoso: diplomáticas y policiales. En relación a las primeras, las diplomáticas, es evidente que nuestro país, conjuntamente con las instituciones de la Unión Europea, tiene que hacer un serio esfuerzo por frenar la explosiva inmigración procedente de Marruecos. Con independencia de las buenas palabras de Rabat, es claro que nuestro vecino del Sur utiliza la válvula de la emigración para relajar las tensiones internas, fruto de un subdesarrollo que en buena medida es consecuencia de la corrupta incapacidad del régimen. Acaban de publicarse unas declaraciones del presidente de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Abdelatif Beyuki, en las que realiza críticas muy duras hacia su propio país: «es lamentable que (Marruecos) guarde silencio, ya que con ello realiza un acto criminal; debe asumir su responsabilidad y lo que debería hacer es abrir una investigación» sobre el tráfico de inmigrantes y las muertes que se producen en el Estrecho. Sesenta y dos muertes oficialmente en lo que va de año; unas 600 según ATIME.

Paralelamente a estas gestiones, que van a la raíz del problema, y que por supuesto deben completarse con una actitud constructiva y de estímulo de la cooperación al desarrollo con el Mogreb, nuestro país no tiene más remedio que impermeabilizar policialmente su frontera del Sur. Si en el pasado fin de semana fueron detenidos casi mil inmigrantes en el Mediterráneo y en Canarias, hay que suponer que una cantidad mucho mayor consiguió penetrar clandestinamente en nuestro país. Ista es la razón de que persista ese tráfico, que cesaría en cuanto la entrada ilegal fuera prácticamente imposible. Hoy, las mafias que se enriquecen a costa de los emigrantes ofrecen no sólo un traslado a la Península, sino los que hagan falta hasta conseguir el objetivo, lo que demuestra que sigue siendo relativamente fácil ingresar subrepticiamente en España. Hay que lograr que la eficacia policial ejerza el necesario efecto disuasorio sobre estos traficantes de hombres, que a menudo llevan a sus «clientes» a la muerte.

En España hay actualmente un 3 por ciento de población inmigrante, un porcentaje aún alejado de los promedios que alcanzan países como Alemania, Francia o el Reino Unido, pero esta situación no justificaría que el fenómeno siguiera incrementándose desordenadamente. No sólo para prevenir brotes xenófobos, sino para impedir situaciones penosas como la que acaba de vivirse en Barcelona. La solución a la inmigración ilegal no consiste en expulsar a los «sin papeles», ni en imponer penas de prisión a quienes sean sorprendidos de nuevo en el país tras haber sido expulsados como hace Italia, sino en actuar sobre los propios flujos en origen y, por supuesto, en controlar las fronteras. Bien entendido que tal política no será del todo eficaz si no adquiere rango comunitario, pero la posición geográfica de nuestro país nos hace especialmente vulnerables a la presión norteafricana. De cualquier modo, hay que encarar con vigor el problema antes de que haya generado tensiones y crisis que todavía estamos en condiciones de evitar.