ESTHER KOPLOWITZ, una de las primeras fortunas del mundo, ha sufrido como se sabe un importante robo de obras de arte, entre ellas dos goyas de valor incalculable: «El columpio» y «La caída del burro». Los ladrones agredieron e inmovilizaron a los miembros de seguridad privada que custodiaban la vivienda de la rica empresaria y se adueñaron de un botín tasado en varios miles de millones de pesetas, aunque difícilmente las obras de arte sustraídas, todas ellas catalogadas y archiconocidas, podrán ser enajenadas.
Pues bien: lo curioso del caso es que, con este suceso, Esther Koplowitz ha atraído sobre sí todas las iras. Ante la gravedad de la pérdida para el patrimonio artístico de este país, ha surgido una poderosa corriente de opinión que recrimina a la millonaria que no hubiera tomado mayores precauciones, que no hubiese dispuesto más medidas de seguridad para hacer imposible el latrocinio, e incluso que no hubiese asegurado las obras principales, como si el reembolso de su valor permitiera mitigar la pérdida y disponer de nuevo de las maravillas perdidas. Algún partido ha sugerido incluso la expropiación de las obras de arte que la víctima todavía conserva y, por supuesto, de las expoliadas si alguna vez llegaran a aparecer. Y las instituciones culturales, en lugar de arrojar luz sobre la confusión y rechazar tales dislates, se han limitado a explicar que estas determinaciones drásticas sólo podrían adoptarse si se demostrara un flagrante abandono de los bienes culturales por parte de sus propietarios. Pero, en definitiva, se ha cernido sobre la principal accionista de Fomento de Construcciones y Contratas una oleada de críticas cuya racionalidad no está ni mucho menos contrastada.
Si se mira lo ocurrido con más ecuanimidad, se advertirá que el enfoque cabal es bien distinto: una pacífica ciudadana ha sido víctima de unos desaprensivos que han violado y expoliado su vivienda. La responsabilidad de lo ocurrido es, por supuesto, de los criminales pero también, subsidiariamente, del Estado, titular en exclusiva de la fuerza legítima e incapaz de proteger las haciendas de sus ciudadanos. Y, a lo que parece, también incapaz de resolver un robo de estas características. Por una inversión incomprensible de los principios, estamos aquí a punto de incurrir en el error (si no hemos incurrido ya) de reprochar a las víctimas su escasa previsión al no haberse protegido de los verdugos. En esta confusión radica el poco edificante auge de la llamada «seguridad privada»: los ciudadanos, que ya pagamos impuestos para que el Estado nos garantice el disfrute de las libertades, tenemos que contratar a otros agentes para realicen la tarea que aquél es incapaz de ejecutar. Y no hay que perder de vista que, como escribió Octavio Paz en «La llama doble», «a sabiendas de que enunciamos una paradoja, podemos decir que la libertad es una dimensión de la seguridad».El Estado moderno y la democracia liberal se basan en un pacto social en el que no caben los prejuicios que provienen de ideologías totalitarias. Los ricos no tienen derecho, obviamente, a reclamar la general simpatía de sus conciudadanos, pero si cumplen estrictamente las leyes sí son acreedores al respeto más exigente y escrupuloso. Y el hecho de que una gran fortuna acopie una colección artística no es reprobable sino al contrario: la experiencia demuestra que el coleccionismo privado enriquece a medio o largo plazo el patrimonio público. Y en cualquier caso, es un atavismo el rechazo psicológico que suscita el afortunado que puede permitirse tal inversión.
Una de las asignaturas pendientes que todavía no hemos asimilado en este país es de la mencionada relación entre seguridad y libertad. Probablemente a causa de la larga dictadura, durante la cual aquélla era desmesuradamente protegida a costa de ésta, no hemos alcanzado el equilibrio cabal que sería deseable. Pero la situación actual, con una inseguridad creciente, no favorece el desarrollo del ser humano. Tomás Hobbes equiparaba los tiempos de guerra con las situaciones que obligan a vivir «sin otra seguridad que no sea la que les procura su fuerza y habilidad»: la vida de los hombres es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». Por el contrario, allá donde la organización social afirma razonablemente la seguridad, la convivencia prescinde de la desconfianza y se hace fecunda. Todos hemos añorado alguna vez la pacífica sociedad rural en que las puertas de las casas permanecían abiertas por la noche, síntoma de que no había nada que temer.
De esta situación bucólica hemos pasado a la coyuntura opuesta: la Guardia Civil recomienda vehementemente a los residentes en urbanizaciones de los arrabales urbanos que contraten sin demora seguridad privada porque no hay medios ni efectivos para protegerlas convenientemente. Y éste sí que es un factor de inequidad: cuando el Estado es incapaz de prestar los servicios públicos fundamentales a todos, indiscriminadamente, sólo quienes tengan suficiente poder adquisitivo podrán proporcionárselos. Y este razonamiento, que vale para la sanidad o la educación, es perfectamente utilizable también para la seguridad. Quizá fuera pertinente un gran debate al respecto, antes de que proliferen en exceso los ejércitos privados, reflejo de una gran impotencia colectiva.