LA presencia del ministro Posada en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, el mes pasado, ha vigorizado una de nuestras reiteradas quejas en estas columnas de EL DÍA. La de que, lamentablemente, cada organismo público que opera en las Siete Islas suele hacer rancho aparte. O se despacha en medio de duplicidades, vacíos, recelos, imposturas, superposiciones, monólogos, petulancias, hostilidades de sesgo leguleyo... que es tanto como someter a la ciudadanía, primero, al pago encarecido, y después, a los vértigos e indefensiones y molestias que le infligen las burocracias asilvestradas, hurañas, divergentes.

No aseguramos que la visita del titular de la Cartera de Administraciones Públicas a las dos Capitales haya sido inútil. O zafada. Pero tampoco coincidió, todavía, con el advenimiento de aires vanguardistas. De un talante concertado, ágil, flexible: a la altura del ritmo de racionalidad al que empujan los nuevos siglo y milenio a las estructuras de los países punteros. De las naciones democráticas y comprometidas en generalizar el disfrute de los saberes culturales.

Digamos que en las áreas administrativas, hechas las excepciones de rigor, seguimos anclados, no ya en la centuria anterior, sino en tiempos y abusos decimonónicos. Trenzados éstos a contrapelo de las horas de la globalidad, las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Por paradójico que resulte.

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AQUÍ valoramos, cómo no, la «cooperación», invocada, entre representantes del Gobierno del Estado y del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Máxime si nos anuncian, como lo hicieron, que el fenómeno de los inmigrantes sin papeles y los asuntos insulares en la Unión Europea van a ser objeto de seguimiento en los encuentros recién inaugurados. Por fin. Nunca es tarde...

No obstante, junto al análisis de la arribada incesante de pateras a los litorales isleños, a la necesidad de dotar de coberturas humanitarias a cuantos logran llegar o al efectivo control en origen y destino de las mafias que manejan el flujo migratorio, ¿cuándo implican a la UE, nuestros gobernantes y de verdad, en las soluciones y ante ella priorizan el planteamiento de la densidad de residentes en las Islas? ¿Garantizan, antes, la excelencia de la Formación Profesional de nuestros jóvenes y las especialidades demandadas por el mercado de trabajo? ¿Frenan la escalada de la explotación especulativa? ¿Cómo?

Los vínculos de este Archipiélago Atlántico con los «Quince» adquirirán fortaleza, en función del respeto a las singularidades. De verse y sentirse reconocida e identificada Canarias como frontera sur comunitaria. Y del ejercicio de la solidaridad, de ida y retorno, con los territorios continentales.

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PARA ser tomados en serio en la especificidad, previamente, hay que desechar los maniqueísmos. ¿Cuáles? Pues, entre otros, ése de presentarnos en la ventanilla de las perennes subvenciones de Bruselas con harapos de Comunidad indigente, menor de edad, subdesarrollada, y, a la vez, exhibir tonos y galas de prepotentes y contaminadores, indolencia en los compromisos de avanzar o liviandad de manirrotos para administrar las pesetas/los euros recibidos.

En las futuras «colaboraciones» estatales y autonómicas, cada día se hará más omnipresente el rumbo de la Unión Europea. Obtendrán superior peso específico, simultáneamente, las peculiaridades de cada región. Bajo tal prisma, los iniciales contactos del miembro del Gabinete Aznar y los consejeros gubernamentales de CC han estado precedidos de enfoques desacertados. Vacuos.

Pudo ahorrarse Jesús Posada el veredicto de que Canarias no contará con novedosas transferencias porque «el Estatuto está agotado»; en cambio, no dio noticia de que los Ministerios armonizarán su interlocución, entre ellos y con esta Autonomía y la UE.

¿Y para qué Coalición Canaria mentó el mismo Estatuto, en vano, ya que aún se incumple en puntos clave? ¿Sólo por jactarse de ansiedad competencial?

¿Por qué unos y otros no le meten mano al menester primero de racionalizar las Administraciones y sus nexos?

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LA proposición parlamentaria de la Agrupación Herreña de Independientes (AHI) para suprimir la Ley de Sedes y fomentar el precepto constitucional y estatutario relacionado con los Cabildos Insulares es un paso adelante en el camino hacia la sensatez organizativa. ¿Lo computan así la CC, el PP y el PSC - PSOE? ¿Con la misma vara de medir, incluso, en el seno de cada una de las formaciones? Volveremos sobre la iniciativa herreña.