LA decisión del G-8, aparentemente tomada ya, de proponer una iniciativa concreta en relación con la crisis de Oriente Medio puede ser interpretada como un avance más en el lento proceso de internacionalización del conflicto que parece progresar con un cierto aval de los Estados Unidos. Según manifestaciones oficiales de ayer en los círculos del ministerio italiano de Asuntos Exteriores (Renato Ruggiero es el titular de la cartera en el gobierno Berlusconi), el G-8 propondrá la rápida creación de un mecanismo imparcial al que puedan acudir israelíes y palestinos para aclarar violaciones del teórico alto el fuego y atenuar o vetar las incesantes operaciones de represalias mutuas. Es muy notable a este propósito que el sustantivo mecanismo sea el mismo que utilizaba el comunicado de los ministros de Exteriores de la UE el lunes, aunque ahora se le despoja, que se sepa, del adjetivo internacional... una condición que, aún sin decirlo, tendrá esta nonata instancia porque en ella estarán europeos, norteamericanos... y terceros no precisados. Si se tiene en cuenta la tradicional hostilidad conceptual de Israel a todo ensayo de internacionalización de la crisis y su estrecha relación con los Estados Unidos se puede dar por seguro que la propuesta tiene el aval previo de Ariel Sharon y que el gobierno israelí la entiende como de orden puramente técnico, ajena a toda idea de cuerpo de observadores y destinada sólo a calmar el juego y a servir, en definitiva, a la aplicación de las recomendaciones del «Informe Mitchell». Con todo, hay como una impresión de que Washington, que releva estos días a su embajador en Israel, Martin Indyk, atenúa su protagonismo y su exclusividad como actor-mediador y recibe con gusto la cooperación europea, difunde y reparte las responsabilidades y adopta un tono menos crudamente alineado con el Estado judío. Una explicación adicional se puede encontrar en la presión árabe en Washington, donde ha trascendido que el ex presidente Bush ha hecho alguna gestión y ha dado algún consejo a su hijo sobre la conveniencia (y no sólo petrolífera, sino política y de seguridad) de no alienarse la amistad de los regímenes pro-occidentales, en cabeza de los cuales Arabia Saudí, cuyo jefe de gobierno y príncipe heredero no acepta una invitación para visitar Washington en estas circunstancias.