A vueltas con este asunto de la moratoria, no sé si se han fijado en las contradicciones y las cortinas de humo que esta pasada semana se han ido proyectando sobre este nasciturus que nunca verá la luz.

Digo que la moratoria es una suerte de engendro propagandístico que buscaba algo que todavía no sabemos y que aparentemente ha quedado en nada, escondido bajo las declaraciones rimbombantes de unos y otros. Si mi memoria no falla, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, una vez se promulgó el Decreto, había anunciado una ley que diera seguridad jurídica y contenidos sólidos a esas medidas de paralización que perseguían, decía él, repensar lo que debe hacerse en el futuro con el territorio.

Parece que en Canarias el único suelo que hay es el que da cabida al turismo. Primera gran falacia de esta, repito, operación propagandística incalificable.

Después, se produjo una especie de pelea a las claras entre las distintas opciones, vamos a decir que ideológicas, con perdón, dentro del Gobierno autonómico. Unos decían que no estaban dispuestos a soportar las presiones del sector, lo que me parece todo un cinismo. Otros, argumentaban que había que respetar los derechos adquiridos por las empresas. Los había que intentaban explicar que la culpa de la indefinición y el retraso en acabar con la «depredación del suelo» en las Islas era que no se había alcanzado un acuerdo con el PP, que todavía no estaba en la ecuación, y del que una vez más se quería hacer leña para disfrazar que Coalición Canaria es tan sólo una unión temporal de intereses, a menudo convergentes sobre el mismo objetivo, por lo que suelen pelearse a ver quién se lo queda.

Desde un principio, he compartido con ustedes las dudas que me suscitaba tanta extraña y repentina preocupación por proteger el suelo canario del sector turístico. Les dije que el asunto me olía raro. La verdad es que huele fatal. Esta semana, creo que el domingo pasado, el presidente dijo a la opinión pública que se estaba trabajando en los contenidos de la futura Ley. Los partidos manejaban ya borradores de la misma. En fin, parecía que él y Adán Martín habían alcanzado alguna suerte de entendimiento político por el que iban a contentar a todas las «sensibilidades» coalicioneras.

Hubo un gran despliegue. Los ríos habituales de tinta por los mismos barrancos para contar lo bien que iba todo y lo mucho que trabajaba nuestro Gobierno. Ya parecía que no tenía importancia que nuestras medianías se queden sin agricultura, ni ganadería para que haya más urbanizaciones (en muchos casos de segundas o terceras viviendas). Estaba claro que las grandes cadenas hoteleras mundiales podían echarse a temblar. Adán y Román iban a ponerse la armadura y luchar contra las multinacionales y la patronal de la construcción. El poblamiento sin planificación, las casas sin normas, los cuartos de aperos convertidos en edificios de tres plantas, pueden destrozar la Isla sin problemas. Ahí sí que hay calidad a los ojos de estos nuestros gobernantes, o dueños.

Pero he aquí que el día que les toca sentarse con el PP para explicar lo que van a hacer y buscar nuestro apoyo, de repente, dicen que no va a haber ley, que se les ha encendido la bombilla y van a elaborar las directrices de ordenación que consagra la Ley del Territorio y que asunto resuelto. Si queremos, apoyamos, y si no, nosotros mismos. Vale.

Este cambio repentino, en 24 horas, deja en primer lugar y una vez más al presidente en una evidencia absoluta frente al control que ejerce la cúpula política de CC sobre el Gobierno de Canarias. Yo les pido que reflexionen en lo que pasa cuando un partido y no un gobierno dicen lo que hay que hacer en cada caso y lo que eso significa para el proceso democrático.

Está muy claro que este cambio injustificable y que en mi opinión todavía no ha sido suficientemente valorado supone, en primer lugar, hurtar al Parlamento su derecho como representante del Pueblo de Canarias a decidir sobre cualquier tema de interés, más cuando el territorio es un asunto estratégico para nuestro futuro.

En mi opinión, unos señores de un partido, por motivos que no conocemos en profundidad, le han dicho al Gobierno, legítimo, lo que debe hacer para solventar la iniciativa pública - como decían ellos mismos - más importante de las últimas décadas, con una auténtica chapuza. Me gustaría que explicaran por qué hasta ahora no se ha aplicado la magnífica Ley del Territorio, ni la Ley del Turismo que llevan vigentes los años suficientes para que - si se hubiera gobernado ateniéndose a ellas - Canarias no tuviera ahora que plantearse este problema de la moratoria.

Finalmente, ¿qué hay de los Cabildos? ¿No son ellos y sus Planes Insulares de Ordenación los que deben afrontar el equilibrio en el planeamiento y velar porque el desarrollo sea armónico? Presidentes como los de El Hierro o Tenerife lo han dejado muy claro. Además, ¿qué pasará si los tribunales deciden que el Decreto genera derechos indemnizatorios por los daños causados a los promotores y constructores?

Me parece que aquí sigue habiendo un aspecto muy importante de este asunto, la clave de esta actuación sin timón ni objetivo real de esta moratoria, que no se nos ha explicado. Me temo que el día que la conozcamos será tarde, como ha ocurrido en otros lamentables episodios de nuestra reciente historia política. Me parece que la única moratoria que está dispuesto a perpetrar este Gobierno es una moratoria a la verdad.