MADRID (EFE). El fiscal general, Jesús Cardenal, presentó ayer una nueva instrucción sobre siniestralidad laboral, dirigida a todas las fiscalías, para que apliquen medidas como aumentar las relaciones con la autoridad laboral y Policía, se incremente las persecución de los riesgos y que se dediquen fiscales especializados.

Jesús Cardenal explicó en conferencia de Prensa la instrucción y, preguntado si también se perseguirán los delitos que afecten a trabajadores «ilegales», explicó que el fiscal los podrá perseguir de oficio aunque el afectado no tenga los papeles en regla, ya que es una cuestión que en su caso seguiría un procedimiento aparte.

Aclaró que la instrucción no trata de criminalizar a los empresarios sino actuar más eficazmente contra quienes cometan delitos y en concreto contra los que no pongan las medidas obligatorias a disposición de los trabajadores.

En este sentido, aclaró que no todos los accidentes son por omisiones de responsabilidades sino que a veces son por imprudencias profesionales de los trabajadores que entran dentro de lo humano. La instrucción comenta que de la gravedad de la situación dan buena muestra las cifras publicadas y recuerda que según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el año 1999 los accidentes de trabajo mortales, solamente durante la jornada de trabajo, fueron 1.104, y los graves 11.771.

«Lacra social»

Esto supuso un incremento del 3,6% para los mortales y del 10,2% para los graves respecto al ejercicio anterior.

Para la Fiscalía General del Estado, el problema requiere más de una labor preventiva de los accidentes laborales, que es misión más propia de otros poderes públicos y de los agentes sociales que del Ministerio Fiscal, que de una tarea represiva.

Sin embargo, la prevención general y especial propia de toda sentencia condenatoria en el orden penal y la retribución que ello comporta, «son también factores esenciales para erradicar esa lacra».

La instrucción destaca que «es ahí donde los fiscales deben extremar su celo para evitar que se repitan conductas que cuestan tantas vidas y que provocan graves lesiones, muchas veces eludibles si se adoptasen las debidas precauciones». De todas formas, insiste en que en esta tarea la jurisdicción penal debe respetar el principio de intervención mínima y es a la Administración a la que corresponde tomar la iniciativa en la mayoría de las ocasiones.