SANTA CRUZ DE TENERIFE. La moratoria turística del Gobierno, mientras no se demuestre lo contrario, «creará un abismo en el desarrollo social y económico de las dos provincias canarias, favorable a Las Palmas». Así de categórico se mostró el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Antonio Plasencia, durante el encuentro que sostuvo el pasado jueves el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Adán Martín, con el Comité Ejecutivo de la CEOETenerife, al que demandó su apoyo para lograr que el plan de desarrollo sostenible «sea un éxito de las Islas».

Plasencia argumentó tras la reunión, a preguntas de EL DÍA, que «si todo apunta a que se va a acelerar el ritmo de crecimiento económico de la provincia de Las Palmas respecto de la tinerfeña, cómo vamos a creer que las infraestructuras se van a repartir de manera homogénea entre todas las Islas o que las grandes empresas van a establecerse de manera equilibrada por el Archipiélago».

Antonio Plasencia, hizo entrega a Martín en el encuentro de una batería de datos (véase el cuadro) que, «de entrada, y mientras no se demuestre lo contrario, justifican el convencimiento de Fepeco de que el Gobierno parte de presupuestos que no avalan un desarrollo armónico del Archipiélago».

Plasencia, en declaraciones a este periódico, apuntó que su federación, que ha presentado un recurso contra el correspondiente decreto del Gobierno, acepta de buena gana ejercitar su «derecho» a opinar sobre cómo hay que gestionar el territorio de la Comunidad Autónoma. Ahora bien, reclamó que ese diálogo «sea sincero», haya un intercambio de toda la información disponible entre todas las partes implicadas en la moratoria y, si a cada Isla se le asigna un cupo, que quede claro «cómo y cuando se va a adjudicar». Plasencia, que insistió en la tesis de Fepeco de que la moratoria beneficiará a destinos competidores del Archipiélago como Egipto, «que va a ampliar en 25 mil su actual número de camas turísticas», Marruecos o Cabo Verde, dijo que además, el Gobierno tiene que explicar, sin omitir detalle, cómo va a equilibrar el desarrollo de dos provincias que tienen por motor de su ecomomía el turismo pero una, la tinerfeña, en virtud de la moratoria, pasará a tener menos de la mitad de camas turísticas que la de Las Palmas. Plasencia calificó de «increíbles» las previsiones para Fuerteventura y Lanzarote del Ejecutivo (véase el cuadro).

El empresariado, que expresó serias dudas sobre la solidez de las bases en que se apoya la moratoria «unilateral» del Gobierno, según el relato del secretario general de la CEOETenerife, Pedro Alfonso, exigió garantías de que, efectivamente, «se logrará el equilibrio y la equidad sociales entre las Islas y, dentro de ellas, entre las diferentes comarcas, basado en una calidad de vida igualmente homologable y en una igualdad de oportunidades y de acceso al conocimiento y los servicios».

En la reunión, que se materializó en la sede de Presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña, Adán Martín «garantizó» que el Gobierno «no pondrá en peligro inversiones comprometidas».

La patronal tinerfeña expresó a Martín su convencimiento de que «la suspensión cautelar es necesaria», pero «estamos en desacuerdo en cómo se produjo porque ha generado incertidumbre en las inversiones empresariales y dudas sobre los efectos que podrían derivarse en proyectos en marcha y que ahora no pueden pedir licencia», explicó Pedro Alfonso.

Tras un ofrecimiento sin reservas a «compartir la gestión del desarrollo sostenible de Canarias», la patronal solicitó del Gobierno «un censo urgente con garantías» de las obras y licencias en curso, en el que figuren «plazas que se ofrecen en la actualidad y que no están claramente definidas». La CEOETenerife reclamó, además, información de cómo se consensuará las inversiones insulares en un mapa de nuevo desarrollo y una valoración de «indemnizaciones a aquellos proyectos afectados en proceso de urbanización o comienzo de obras».

Compensar a los ayuntamientos

La patronal no ocultó a Martín su profunda preocupación ante la evidencia de que «existe un riesgo financiero elevado en los proyectos adelantados y cofinanciados con la banca» y el nulo desarrollo por parte del Ejecutivo del sistema de adjudicación de nuevas construcciones.

Pedro Alfonso criticó, en particular, el hecho de que «no existe estudio de impacto en variables macroeconómicas de Canarias, sobre todo paro y crecimiento. Nos preocupa - añadió - el posible incremento de la presión fiscal, tanto por la puesta en marcha de las nuevas tasas como de la compensación de pérdidas de ingresos de los ayuntamientos, que se pueden convertir en aumentos de la fiscalidad actual».

Fernando Jiménez, vicepresidente del área de agricultura de la CEOETenerife, presente en el encuentro, valoró como «buenos en líneas generales los planteamientos de la moratoria», pero hizo hincapié en que «el plan sólo será un éxito si se logra aunar esfuerzos».

Fernando Jiménez, presidente de Asaga, aunque compartió el malestar general de la patronal por cómo se ha puesto en marcha el proyecto, que, de momento, adolece de falta de consenso, lo valoró como «positivo» para el campo, que, «además de una fuente de ingresos para las Islas, contribuye a resaltar sus atractivos turísticos».

Carmen Santana Méndez