SANTA CRUZ DE TENERIFE. El pasado año la Dirección Territorial de Trabajo en Santa Cruz de Tenerife tramitó más de un millar de certificados para el subsidio de desempleo de emigrantes canarios retornados a las Islas y 103 solicitudes de ayudas asistenciales a este mismo colectivo. En lo que va de año, el número de solicitudes acumuladas alcanza ya las registradas en 2000.

La responsable del departamento de retornados de la citada Dirección General de Trabajo, Ana García García, explica este auge del retorno, además de en las fuertes inundaciones ocurridas en Venezuela que obligaron a algunos a abandonar el país, en la inseguridad creciente y la cada vez peor situación económica, que hace extensiva a otros de América Latina. También hay que tener en cuenta, matiza, que muchas de esas solicitudes son del año pasado, puesto que para mucho más trabajo el personal sigue siendo el mismo.

Lo que se ha hecho imposible es conocer el número de emigrantes canarios retornados el último año al Archipiélago, puesto que los datos de la Dirección Territorial de Trabajo son parciales, referidos exclusivamente al retorno desde el punto de vista laboral, mientras que el Gobierno de Canarias defiende que no es posible realizar un censo en la medida de que no es competencia suya. El único registro posible son los ayuntamientos, ya que los emigrantes retornados están obligados a empadronarse en el municipio al que regresan.

Sí existe, al menos, definido un perfil del emigrante que vuelve a las Islas: se marchó en los años 50, por lo que si no son ya jubilados están próximos a serlo, y la mayoría son hombres o matrimonios, cuyas condiciones económicas suelen ser precarias. «Y si vienen con hijos - añade Ana García - éstos tramitan la nacionalidad y el permiso de trabajo».

A las malas condiciones económicas se une en muchos casos los que regresan para someterse a tratamientos médicos y para hacer uso de su derecho a la prestación sanitaria gratuita como ciudadanos españoles.

Así, precisa Ana García, se suele dar personas que regresan de países en que la asistencia pública es muy deficitaria y sólo se puede acceder a un buen tratamiento a través de un seguro médico privado, que muchos no pueden afrontar. Cuenta por ello el caso de una señora con un problema de cáncer a la que sólo le dieron como solución «cortarle las dos piernas».

Las malas condiciones económicas se observan más notoriamente en los que regresan de Cuba, «porque no hay convenio laboral que les sirva aquí y además si se marchan no siguen cobrando la pensión», destaca. En los que vienen de Venezuela es común encontrarse con personas que no han cotizado, porque allí no es obligatorio, o tenían un seguro privado.

Cuba y Venezuela

«Los que se salvan son los que invirtieron aquí o en otros países o que trabajan para multinacionales», asegura García, aunque lo que solían hacer los emigrantes que partían de las Islas era «poner pequeños negocios allá». Por ello «se ven muchos casos de personas que sólo cuentan con 40 mil pesetas y tienen que pagar 50 mil de alquiler», advierte.

En este último caso, relativo a los que no cotizaron, para percibir la pensión no contributiva tienen que haber vivido en España 10 años después de los 17 de edad, «pero igual vienen con 70», cuestiona la responsable del departamento de retornados.

La Dirección de Trabajo tramita la solicitud de ayudas asistenciales para aquellos que no cotizaron, y que suponen una ayuda única de hasta 300 mil pesetas en Canarias, y de hasta 700 mil pesetas si se eleva la necesidad al Ministerio. Estas no se anulan con la denominada ayuda básica que prestan los ayuntamientos a los retornados.

También certifica las prestaciones correspondientes al subsidio por desempleo, que da derecho a año y medio de paro con acreditar 6 meses de trabajo, y también a la jubilación. Asimismo hay gente joven, señala Ana García, que trabajan ese tiempo en Francia o Reino Unido y luego se acogen al subsidio, que es el 75% del salario mínimo interprofesional (unas 53 mil pesetas).

Cabe abrir un inciso aquí para destacar que quienes emigraron a los países que hoy conforman la Unión Europea no suelen tener los problemas que aquí se detallan. Muy al contrario, el motivo de su regreso suele ser el que al cambio de moneda, la pensión que perciben les es mucho más rentable en España.

Por otra parte, las embajadas facilitan una ayuda económica para los emigrantes que regresan sin recursos, de modo que, tras haberse modificado la legislación, quienes llevaban dos años cobrando la pensión no contributiva fuera, cuando regresan pueden seguir haciéndolo.

La labor de los ayuntamientos es también fundamental, puesto que son sus servicios sociales la primera instancia a la que deben acudir los emigrantes que regresen en una precaria situación económica. De hecho, es en el informe que elaboran los trabajadores sociales en el que se basan las ayudas asistenciales que otorga la Dirección Territorial de Trabajo.

No obstante, su directora, Maribel Oñate, pone en duda que los equipos con que cuentan sean suficientes para abordar el cada vez mayor número de retornados. Y opina, por ejemplo que La Laguna «dispone sólo de tres personas, cuando debería tener un equipo más potente e incluso un apartado expreso para los retornados».

Vivienda

La vivienda es otro apartado crucial para el retorno y que atañe a los ayuntamientos. Para los emigrantes canarios que regresen está reservado el 5% de la oferta pública de viviendas, obligadamente en sus municipios de origen. Pero este derecho se está encontrando con la oposición de que quienes alegan que no es posible aplicarlo a sus familiares o descendientes, por lo que muchas solicitudes están siendo denegadas.

A veces parece difícil imaginar que pueda compensar la vuelta. «Desde luego muchos retornados vienen con expectativas que luego no se cumplen, pero si vienen con hijos sí les compensa, porque se apuntan a cursos y luego se pueden enganchar al empleo, con lo que es posible que tengan un futuro mejor», subraya la directora territorial de Trabajo, Maribel Oñate.

Iosune Nieto