PUERTO DE LA CRUZ (REDACCIÓN). El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha presentado una impugnación contra el acuerdo plenario de la Corporación por la que se admite a trámite la solicitud presentada por una empresa para acceder a la concesión de los terrenos incluidos en el plan parcial del sector tres donde se prevé construir y gestionar la futura ciudad deportiva, en el barranco de San Felipe, o privatización de suelo municipal. La propuesta fue defendida y aprobada sólo con los votos del grupo de gobierno socialista y la oposición de Coalición Canaria y Partido Popular.

Este periódico intentó conocer ayer, sin éxito las impresiones del grupo gobernante y del responsable de Urbanismo sobre este asunto.

El portavoz nacionalista argumenta su decisión de recurrir «porque el citado acuerdo rompe de forma radical con las iniciativas llevadas a cabo por todas las corporaciones a partir, fundamentalmente, de 1991. Todos los alcaldes y gobiernos municipales anteriores han venido realizando gestiones para que las inversiones y financiación de las obras para este gran complejo deportivo e instalaciones complementarias fueran con cargo a los recursos públicos. De ahí los encargos efectuados a los arquitectos referenciados en el recurso y que proceden del año 1991».

Brito Gutiérrez señala que «dichas gestiones se culminaron en el mandato de 1995-1999, y prueba de ello es que estas obras aparecen en relación del documento del Plan de Revitalización del Valle de mayo de 1999 y, por tanto, con el compromiso de financiación por parte del Cabildo de Tenerife».

«La financiación con recursos públicos - explica - de las citadas obras venía a garantizar el uso de las instalaciones deportivas y complementarias no tendrían otra limitación que las impuestas por la gestión del propio ayuntamiento».

El cambio de rumbo que el actual alcalde y el gobierno quieren darle al acuerdo tomado, según especifica Marcos Brito, puede traer consecuencias muy negativas para la libertad en el uso de las citadas dependencias. «Consideramos - agrega - que el acuerdo adoptado no se ajusta a la legalidad ya así se deduce claramente del informe jurídico que acompañaba al expediente».

Pone de relieve que «a Coalición Canaria le preocupa el oscurantismo con que el grupo de gobierno ha venido negociando con la entidad mercantil, pues el primer escrito tiene entrada en el Ayuntamiento el 21 de noviembre de 2000, después de un tiempo de negociaciones y el resto de la Corporación no lo conoce hasta días antes del pleno en que se aprobó, queriendo pasar de puntillas tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, responsables más directos de este tema».

«Grave error político»

«Si la propuesta de privatización sale adelante - indica Marcos Brito - , Coalición Canaria espera que no, el único terreno de titularidad municipal, con una superficie de 35 mil metros cuadrados y en lugar céntrico del Puerto y destinado preferentemente a instalaciones deportivas, podría tener otro destino preferente distinto al deportivo y limitar o anular el uso a cualquier ciudadano o ciudadana del Puerto, lo que consideramos un grave error político, puesto que disminuiría muchísimo, y en algunos la limitación sería absoluta, el interés social de las instalaciones».