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TERRITORIO Una de ellas es incrementar los impuestos para las segundas residencias El Gobierno propone tres medidas fiscales para lograr el desarrollo sostenible SANTA CRUZ DE TENERIFE (REDACCIÓN). El Gobierno de Canarias elaborará en un plazo de doce meses un paquete de tres medidas fiscales orientadas a la sostenibilidad. Entre éstas, destaca el incremento del gravamen para los «usos con especial consumo de suelo e impacto en el territorio, como la segunda residencia», así como la adaptación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y de los incentivos regionales para su aplicación a la rehabilitación de la planta turística obsoleta y a los proyectos públicos de carácter ambiental. El vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda y Comercio, Adán Martín, presentó ayer en rueda de Prensa el documento declarativo «Compromiso por el desarrollo sostenible de Canarias», que está pendiente de cambios sugeridos por los ayuntamientos y sectores económicos y sociales. El Ejecutivo Autónomo propone aumentar la fiscalidad de los usos con especial consumo de suelo e impacto en el territorio, como la construcción o adquisición de una segunda residencia, según recoge el borrador que se presentó ayer, con la presencia también del consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Fernando González, y del de Turismo y Transporte, Juan Carlos Becerra. Entre los criterios de actuación, el Ejecutivo propone medidas para el ahorro de suelo. En este apartado se afirma que «la construcción de segundas residencias, tanto en el medio urbano como el rural, constituye un injustificado consumo de recursos, que debe ser restringido con medidas limitativas y disuasorias, de carácter fiscal y urbanístico». Aplicación de la RIC En la propuesta de medidas fiscales destaca, además, la aplicación de la RIC en la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, en torno al 58,4 por ciento del total existente en las Islas. En el borrador se añaden otras acciones fiscales, como la incorporación del concepto de pago de los costos ambientales mediante un sistema de tasas que grave el uso de espacios o monumentos naturales, la generación de contaminación y la producción de determinados residuos. Juan Carlos Becerra afirmó que no se puede hablar de una «ecotasa» que grave al sector turístico, sino que se trata de cobrar por algunos servicios relacionadas directamente con el uso del entorno natural, con el fin de que repercuta en su mantenimiento. Una vez se terminen de consensuar las propuestas para adoptar un desarrollo sostenible, el Gobierno mandará al Parlamento de Canarias una proyecto de Ley de Medidas Urgentes, que incluirá la limitación del crecimiento de la oferta alojativa, tanto a nivel de planeamiento como de licencias y autorizaciones. Adán Martín prefirió no dar una fecha concreta sobre la presentación, pero indicó que «es conveniente que salga rápido» para abrir el paso a un desarrollo ordenado. Matizó que se trata de resolver un problema puntual, derivado del crecimiento exacerbado de la oferta alojativa, hasta que se culminen y aprueben las Directrices de Ordenación. Aumento de licencias Becerra decidió restar importancia a la intensificación de solicitudes y concesiones de licencias turísticas en algunos municipios de la provincia de Las Palmas, tras filtrarse el esquema de la Ley de Medidas Urgentes y sus referencias a la suspensión turística. Manifestó que «no es preocupante que algunos ayuntamientos aprobasen licencias, pues casi todas están canalizadas en torno a establecimientos hoteleros de 4 ó 5 estrellas o apartahoteles». El consejero de Turismo y Transportes añadió que de las 92 mil camas con licencia, en torno a 40 ó 50 mil están ya construidas y que «el mercado será el que regulará si se construyen o no» las restantes. Adán Martín matizó que el documento «no trascendió» desde el Gobierno, sino que se entregó a todos los ayuntamientos, aunque sí reconoció que su publicidad obligó al Ejecutivo a aprobar con antelación el decreto de suspensión cautelar de licencias. En el borrador de compromiso de desarrollo sostenible se reconoce que la demanda turística experimentó un estancamiento el año pasado y que las cifras de plazas alojativas amenazan la competitividad de Canarias.
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