SANTA CRUZ DE TENERIFE (REDACCIÓN). La Subdelegación del Gobierno en la provincia estudiará la obligatoriedad, o no, de que agentes de seguridad privada realicen algunas funciones que vienen desempeñando en el Centro de Menores de Valle Tabares, indicó a EL DÍA su titular, Pilar Merino.

La consulta la ha planteado la Unión Sindical Obrera (USO) en la mesa de seguimiento de la Comisión de Seguridad, reunida la pasada semana, con el fin de aclarar si los agentes destacados en el citado centro deben realizar una labor que este sindicato considera más propio de «funcionarios de prisiones».

Merino explicó que la duda surge de la novedad que supone este tipo de centros que crea la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor, puesto que, como ya defendió recientemente la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, «no son una prisión, sino que tienen una función más reeducadora».

Por ello, reiteró que se va a estudiar el contrato y se acudirá a los servicios jurídicos del Estado para profundizar en las funciones que prevé la Ley de Seguridad Privada para estos agentes, que, en principio, son las de vigilancia y protección de bienes en numerosos ámbitos, aunque nada se dice de este tipo de centros.

Por su parte, el responsable del área de Seguridad de USO, José Tomás Martín Vaquero, explicó que el servicio que prestan los agentes de seguridad privada en el interior del edificio «podría ser ilegal» al tener que hacer funciones que no les son propias. Precisó que cuatro de los seis agentes que prestan el servicio en Valle Tabares lo hacen en el interior del centro, con lo que se les exige que hagan de «educadores» al tener que estar permanentemente con los jóvenes internos. «Y si hay un problema tienen que dar la cara, pero sin repeler las agresiones, aunque tienen que soportar insultos, o que les escupan», aseguró.

Cabe recordar que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor elevó la edad penal de los jóvenes 16 a los 18 años, lo que implicó que los jóvenes en este tramo de edad anteriormente recluidos en prisiones pasaran a centros cerrados bajo vigilancia. Siguiendo esta nueva normativa, el centro de Valle de Tabares recibió a ocho jóvenes que anteriormente estaban en centros penitenciarios.