LAMENTABLEMENTE la intolerancia y la hipocresía son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Practicamos una solidaridad a raudales cuando se trata de ayudar a los que lejos sufren los embates de la miseria, pero nos preocupamos en exceso de mirar al frente más cercano e intentar que el camino esté despejado. Es mejor dejar atrás todo lo que pueda dañar nuestra pacífica y cómoda existencia.

Los niños canarios, aquellos que han tenido la mala fortuna de entrar en la espiral de la violencia, van a tener problemas para ser rehabilitados. Buen ejemplo está dando el querido pueblo de La Esperanza, un pueblo que, con su alcalde a la cabeza, se manifiesta para que en su municipio no se levante un centro especial para menores. No se trata de instalar una central nuclear que ponga en serio peligro la salud de la población, ni siquiera un vertedero que emane desagradables olores, es simplemente crear un centro, perfectamente custodiado, para internar reinsertar en la sociedad a unos críos que, con edades inferiores a dieciocho años, necesitan ayuda.

Tenemos la obligación de darles una oportunidad. Entre otras cosas porque en la mayoría de los casos su crueldad no es fortuita, sino producto de la sociedad que ahora les repudia. Frente al consumismo desorbitado, a la continua ostentación de riqueza y a las muestras gratuitas de violencia en algunos medios, la pobreza infantil y la injusticia social ha reventado en forma de delincuencia.

Son 18 niños y, aunque sea de forma estrictamente vigilada, hay que tenderles la mano para que puedan salir del pozo negro en el que se han metido. Habrá que pedir responsabilidades a Marcial Morales si llegaran a escaparse, pero hasta entonces debemos ser conscientes de que no son portadores de ningún virus contagioso. Quizás la forma en que se ha estado llevando a cabo el proyecto del centro no haya sido correcta, pero no deja de ser un asunto político que ellos no deben pagar.

Toda la tierra de nuestro Archipiélago pertenece a algún municipio. Como todos sigan el ejemplo del pueblo de La Esperanza y reivindiquen el «derecho» a que en su entorno no se rehabilite un joven delincuente, vamos a mandar al traste la Ley del Menor, una ley que la propia sociedad reclamaba y que ahora le pone la zancadilla para que no comience a andar.

Estamos ayudando continuamente a los que sufren fuera de nuestras fronteras. Nos solidarizamos con El Salvador, Honduras o Venezuela, con niños de fuera que tienen los mismos problemas y que en muchas ocasiones acaban del mismo modo. Me resulta difícil entender porque a los nuestros continuamos dándoles la espalda y les negamos hasta la oportunidad de tener un lugar donde rehabilitarse. Sólo están necesitamos de nuestra tolerancia, y tenemos la obligación moral de ofrecérsela.