EDITORIAL

LOS hogares isleños llegan a final de mes con apuros en un 68 por ciento; y varios miles de familias, una de cada cuatro, han de afrontar muchas dificultades económicas. En términos comparativos, en ninguna otra Comunidad española, salvo en las ciudades de Ceuta y Melilla, el panorama es tan deplorable. Y si repasamos los indicadores de gastos, capacidad de ahorro, etc., por persona, los ciudadanos de Canarias figuramos asimismo a la cola, tal cual nos acaba de recordar el Instituto Nacional de Estadística.

El reflejo del INE, nada sospechoso de manipulaciones torticeras o truculentas, no es descriptivo de las privaciones en ningún pretérito lejano. En tiempos desdichados, de atraso y subdesarrollos tercermundistas. Desvela, por el contrario, parte de las vivencias de nuestra postración social en el «Estado del bienestar» durante los pasados meses de abril, mayo y junio. Ayer mismo.

El Servicio Canario de Salud (SCS) ha detectado varias «bolsas de fraude» en las bajas laborales después de revisar unos 28 mil casos de incapacidad temporal correspondientes a 1999, según un informe al que ha tenido acceso EL DIA.

Además, el SCS ha descubierto y corregido otras anomalías, como deficientes indicaciones clínicas y una duración incorrecta. Gracias a esas y otras actuaciones de inspección se ha frenado en las Islas, por segundo año consecutivo, la tendencia alcista de los costes económicos y sanitarios que provocaban las citadas bajas indebidas.